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Un sistema carcelario que lucra con el dolor a costa del erario público (Primera de tres partes)

por Rodolfo Hernández Corchado Última modificación 19/09/2013 11:58

El acelerado crecimiento de la población carcelaria en Estados Unidos acusa entre otras cosas un patrón de discriminación y racismo sistémico, porque las detenciones, arrestos y encarcelamientos que implementan las autoridades descansan en prácticas que ejercen el perfil racial, según denuncian organizaciones defensoras de los derechos civiles y humanos, y más elocuentemente la composición étnica de la población carcelaria, la mayor del planeta, que no corresponde a la manera como está distribuida la diversidad de la realidad social en este país.

Un sistema carcelario que lucra con el dolor a costa del erario público (Primera de tres partes)

Marco Vinicio González

Por Marco Vinicio González


El acelerado crecimiento de la población carcelaria en Estados Unidos acusa entre otras cosas un patrón de discriminación y racismo sistémico, porque las detenciones, arrestos y encarcelamientos que implementan las autoridades descansan en prácticas que ejercen el perfil racial, según denuncian organizaciones defensoras de los derechos civiles y humanos, y más elocuentemente la composición étnica de la población carcelaria, la mayor del planeta, que no corresponde a la manera como está distribuida la diversidad de la realidad social en este país. Además, el acelerado crecimiento de dicha población en cautiverio revela también la existencia de una floreciente industria privada que construye y administra gran parte del sistema penitenciario estadunidense, con cada vez mayores y multimillonarios contratos con el Estado, lo que además arroja ganancias políticas principalmente a uno de los dos partidos políticos, el Republicano, pues la inmensa mayoría de los presos son personas de las minorías étnicas, principalmente negros y latinos, que tienden a votar por el Partido Demócrata y al estar en prisión pierden derechos civiles como el del sufragio.

 

En esta primera de tres entregas que abordan distintos ángulos de un agudo problema social nos referimos a una huelga de hambre que protagonizaron durante dos meses consecutivos 30 mil prisioneros -en la cúspide de la huelga- en 33 cárceles del sistema penitenciario de California, misma que reveló la insensibilidad de las autoridades ante los reclamos de los reos por un trato humano, al dejar al descubierto el trato cruel sistematizado y la tortura como política correctiva oficial, además del racismo. Por ahí alguien ha dicho que la manera como una sociedad -en este caso las autoridades- trata a sus presos y a sus enfermos mentales refleja su calidad moral.

Estados Unidos tiene actualmente presos a ¡2.2 millones! de personas en su sistema carcelario, lo que representa la cuarta parte de todos los reos del planeta, a pesar de que este sólo país cuenta con el 13% de la población mundial, dice The Sentencing Project, un centro de investigación y abogacía que busca reformar el sistema de justicia criminal con la intensión de volverlo más justo, que propone reformas en las prácticas legales y en la emisión de sentencias y que busca una alternativa a la reclusión. Vale señalar que el cupo de presos en las prisiones de Estados Unidos actualmente se halla rebasado en un 40% de su capacidad de alojamiento. 

Para el año 2010 casi dos de cada tres presos extranjeros en este país (68%) era de origen mexicano de acuerdo con datos de la Contraloría General de Estados Unidos, GAO (http://www.gao.gov). O sea que de los 55 mil presos extranjeros que reportaba dicho censo (último conteo hecho público por GAO), siete de cada diez presos eran mexicanos. El reporte previo, que data de 2005 sostiene que el porcentaje era entonces ligeramente menor: de 49 mil presos extranjeros en cárceles federales estadunidenses el 63% eran mexicanos.

El encarcelamiento significa además de la reclusión, que ya de por sí debe ser perturbadora, perder derechos civiles, como el de votar en las elecciones, por ejemplo, además que revela la existencia de un patrón de trato cruel sistematizado contra los reos. El Estado responde al crimen y a la delincuencia común para preservar la paz y garantizar la seguridad social, o the law and order, a costa de la pérdida de ciertos derechos civiles. Además, según dan cuenta los medios de comunicación, en este país -y se trata al parecer de una tendencia mundial- se criminaliza la protesta social, cuya libertad le confiere sentido a la democracia. Un ángulo que resulta importante observar también es el papel que juega la industria privada de la construcción y administración de prisiones en el gasto del gobierno, que crece de manera exponencial para satisfacer el explosivo aumento de la población carcelaria estadunidense; una compleja maniobra que deriva de la “guerra contra las drogas” (el entrecomillado es The Sentencing Project), cuyo énfasis moderno son las redadas de inmigrantes indocumentados, convertidos desde hace tiempo en el 'chivo expiatorio' de muchos males en este país.

Nada más a México la administración actual deporta en promedio 400 mil personas al año, que por supuesto pasan por el sistema judicial y las camas de los centros de detención que la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE renta a la industria privada. La situación de los presos latinos en general no es mejor, y mucho menos la de los miembros de la raza negra, nos dice Ari Berman, colaborador estrella de la prestigiada revista The Nation: “Actualmente en este país hay más hombres negros en cautiverio que durante la esclavitud en 1850”.

 

La huelga de hambre en las cárceles de California

 La respuesta de los presos a la represión y al abuso de que se presume son objeto por parte del sistema carcelario de California, por mencionar un estado con fuerte presencia de mexicanos, se ha dado últimamente de manera elocuente con la vigorosa huelga de hambre que unos 30 mil reos sostuvieron en la cúspide del ayuno durante las primeras cuatro semanas, de las ocho que duró la protesta en 33 prisiones del sistema penitenciario en el estado, que finalizó apenas el viernes 6 de septiembre por el vigoroso reclamo de los presos en huelga y por la intervención de los congresistas demócratas, Tom Ammiano, de San Francisco, y Loni Hancock de Oakland. En algún momento de la crisis incluso una corte federal otorgó a médicos y funcionarios de esas prisiones la facultad para comenzar a alimentar por la fuerza a algunos reclusos que se considerara incapaces de tomar por sí mismos decisiones médicas o a cerca de su salud, luego de haber participado por largo tiempo en dicho ayuno “contra el confinamiento solitario y otras severas condiciones de la reclusión”. El fallo judicial autorizó también a los funcionarios de las cárceles a ignorar instrucciones expresas de algunos reos que se negaron anticipadamente y por escrito a recibir alimentación asistida, con el argumento de que éstos presos suscribieron bajo coerción tal petición de 'no reanimación'.

 

El asunto en los medios

 Este tema fue traído a la atención del público entre otros medios por la red nacional de emisoras latinas de radio pública en español, Radio Bilingüe:  “Hoy volvemos al asunto de la huelga de hambre que desde hace cinco semanas agita los ánimos dentro de los muros de las prisiones estatales de California, el estado que hasta antes de ser obligado por ley a soltar muchos presos concentraba la mayor población carcelaria de todo el país”, decía el 14 de agosto Samuel Orozco en el programa estelar de noticias, Línea Abierta que él mismo conduce.

El ayuno fue el instrumento de la protesta de los presos “contra el trato que reciben y por el cese del confinamiento solitario indefinido dentro del sistema penitenciario estatal”, que se prolonga a veces hasta por 10 años aunque que existe el precedente de un prisionero que lleva confinado en solitaria ¡42 años!, porque “constituye tortura, es inhumano y además es ilegal”, puntualizaba el también director de Noticias de Radio Bilingüe en dicha ocasión.

Hasta ese momento la postura de Jeff Beard, el Secretario a cargo del Sistema de Correcciones de California había sido negar la existencia de toda crisis que tuviera que ver con el tema del confinamiento solitario; una práctica que la Organización de Naciones Unidas, la ONU define como tortura cuando se mantiene durante 15 días consecutivos sin contacto o interacción social a una persona. En tanto, Jeff Beard declaraba a los medios que el verdadero motivo de la huelga obedecía a “un juego de poder entre pandillas”. El asambleísta demócrata por San Francisco, Tom Ammiano pedía entonces al Departamento de Corrección y Rehabilitación de California que respondiera a las demandas de los huelguistas.

¿Cambiarán las condiciones en las cárceles de California con estas movilizaciones de políticos, defensores de derechos civiles, presos y simpatizantes de su causa? era la pregunta que lanzaba al aire el referido programa.

La primera respuesta vino por teléfono del profesor de Ciencias Políticas de St. Mary’s College, Ron Ahnen, que en ese momento se hallaba en Sacramento, la capital de California, participando precisamente en un foro sobre el confinamiento solitario en las prisiones. Por esos días el Fiscal General de la Nación, Eric Holder había dado un discurso en la reunión anual de la Barra de Abogados de California, en San Francisco, donde cuestionaba los excesos cometidos por el sistema de justicia en este país contra las minorías, como una reminiscencia de la presunta guerra contra las drogas de los años 80, misma que limitaría desde entonces la discreción de los jueces para imponer sentencias menores, acordes de manera más sensata con la seriedad de la infracción.

Está claro al reunirnos hoy”, decía Holder en su discurso, “que demasiados estadunidenses van a demasiadas prisiones durante demasiado tiempo y por ninguna razón o aplicación de la ley realmente buena”. Había incluso girado órdenes a los fiscales de distrito para que dejaran de emitir las condenas mínimas obligatorias -de cinco años- a infractores no violentos o de bajo perfil delictivo implicados generalmente en delitos contra la salud; castigos a consumidores o poseedores de cantidades menores de drogas, principalmente de mariguana, con sentencias similares a las de quienes siembran por ejemplo 100 plantas de mariguana o tienen en su posesión 28 gramos de crack con el propósito de su venta, para los que están diseñadas las sentencias mínimas y otras más severas. Sin embargo, para el profesor Ahnen estas declaraciones del Fiscal General de la Nación, aunque bien intencionadas, “llegan tarde”, dijo lacónico en esa ocasión.

Y es que hoy día decenas de miles de estos infractores han sido sometidos por fuerza a condenas propias de grandes capos o criminales violentos, pese a la protesta de los propios jueces, que se ven obligados a dictar dichas sentencias por efecto de la ley vigente.

También director de la organización de defensa de prisioneros, California Prision Focus, Ron Ahnen sustuvo que ha crecido demasiado rápido el número de personas en las cárceles de Estados Unidos, lo que “no es justo ni sirve a la sociedad, ni da seguridad social. No tiene ninguna razón de ser, salvo la de enriquecer a las grandes corporaciones privadas que administran las prisiones”, denunció el académico.

 

Ahnen no está solo en esto

 Una investigación del consorcio televisivo MSNBC señala que 2.2 millones de presos del sistema federal de prisiones en este país son una cifra alarmante, principalmente en el contexto de los países industrializados; y que su crecimiento lo es más aun cuando se considera que de 1980 a 2010 la población carcelaria estadunidense creció ¡800%!  Añade que para 2011 la cifra de habitantes que estuvieron sujetos a supervisión correccional nada más en California ascendió a ¡7 millones de personas! Pues bien, de esta alarmante cifra de 2.2 millones de presos los mexicanos representaban hasta hace un par de años en Estados Unidos nada menos que el 15% de la población carcelaria general. Vale anotar que hasta 2010 más del 77% de los presos en el sistema habían sido convictos por delitos relacionados a las drogas. O sea, ocho de cada 10 habían sido sentenciados con la mínima pena de cinco años por poseer muchos de ellos cantidades irrisorias de droga.

En la referida ocasión Holder conminaba a los jueces del sistema judicial estadunidense en el área de La Bahía a “ser más inteligentes al combatir el delito; hay que refinar el sistema de sentencias mínimas”, insistía, “usar la discreción, usar la cabeza al procesar a quienes delinquieron por faltas leves...”. Y aunque el profesor Ahnen valora estos esfuerzos del Fiscal, proponía en su oportunidad que “sería mejor actuar como ciudadanos -pues- no podemos esperar a nuestros lideres”.

Algunos estados han comenzado a eliminar esta práctica de la sentencia mínima de cinco años en su sistema, afirmaba el cientista político: “Por ejemplo Illinois, Mississipi, Main, Colorado... menos California”, se lamentaba, “que tiene casi 10 mil personas en confinamiento solitario, de los cuales 4 mil 500 están allí indefinidamente, sin ningún término para salir libres”.

En una entrevista de Orozco con el Capitán Jorge Santana, del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California el funcionario estatal aseguraba que los presos del sistema en confinamiento solitario, conocido en inglés como el SHU (Segregated Housing Units), no están en realidad en confinamiento solitario: “Porque los presos tienen una televisión” en su celda, “tienen ESPN”..., en el hoyo, como se le conoce comúnmente al SHU en español, esas mazmorras sin duda deleznables.

“Primero, no todos los presos tienen una televisión, porque eso le cuesta mucho dinero a sus familias y no tienen dinero”, refutaba Ahnen con datos empíricos las declaraciones del capitán. Ese no era un método válido decía el académico, no un método científico para medir el confinamiento: “Para medir el confinamiento solitario”, sostenía, “debe observarse el contacto humano, la interacción social... Una persona dentro de una celda de concreto de 8 por 10 (pies), sin ventana, sin acceso a llamadas telefónicas, sin visitas de contacto es absolutamente claro que está en confinamiento solitario”. La Organización de Naciones Unidas, la ONU por su parte considera que 15 días sin contacto humano o sin interacción social constituye tortura; y que la alimentación por la fuerza -en ocasiones suministrada a través de sondas- es también otra forma de torturar, pues resulta muy dolorosa y se ejerce sin el consentimiento, o debíamos decir más bien, contra la voluntad del individuo.

En esa ocasión Ahnen sugería al gobierno de California “corregir las demandas de los presos y otorgarles condiciones humanas, en lugar de estar peleando con la Corte Suprema”, en clara referencia a una declaración del Fiscal General. Y agregaba: “Cualquier confinamiento solitario después de 15 días realmente se puede entender como tortura... En las prisiones -los reos- están 10, 20 años..., en California tenemos un preso con !42 años! en confinamiento solitario”. Agregaba: “La sociedad protectora de animales..., la asociación de académicos que trabajan con animales en investigación científica no pueden mantener a esos animales en las mismas condiciones en que se mantiene a los presos en Pelican Bay (una cárcel de alta seguridad)... La reclusión solitaria llega a ser una violación a la ley internacional”.

Para apoyar la idea de la crueldad e insensibilidad de los funcionarios del sistema carcelario Ahnen atrajo a la conversación el tema de Billy “Guero” Seal, el preso de origen mexicano que por esos días se había suicidado tras participar en la huelga de hambre durante tres semanas sin recibir atención médica cuando la solicitó: “Se mató... este sistema induce al suicidio”, sentenció Ahnen con desenfado.

Mediadores que trabajan en el esclarecimiento del suicidio del Guero Sell, confinado en solitaria en la Prisión estatal de Corcoran, denuncian que este caso es tratado por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California como un simple y llano suicidio. Estos mediadores se reunieron recién con autoridades de dicho departamento de correcciones, pero los funcionarios no fueron capaces de aportar ningún hecho concreto en defensa de su tesis, y mucho menos un argumento contundente en su favor.

“El sistema tiene que tomar alguna responsabilidad sobre esas muertes, porque son ellos los que han creado las condiciones que inducen a los presos a quitarse la vida”, acusó el investigador.

 

Las cuentas del gran capitán

 En la referida entrevista el Capitán Jorge Santana fue cuestionado respecto a la protección que le confiere a los presos el derecho internacional que condena el patrón penitenciario de trato cruel e inhumano y la tortura. Pero Santana negó la existencia del confinamiento solitario en el sistema penitenciario californiano: “No hay en las prisiones de California confinamiento solitario porque muchos de los prisioneros que están en el SHU tienen con ellos a otras personas que viven en la misma celda... se pueden comunicar con los oficiales, y no es como una persona cree, que están encerrados, sin luz y solos, sin poder salir a recreo o a bañarse... inclusive tienen ESPN, tienen TV, radio, reciben 26 canales, tienen acceso a la librería y a la escuela”.

Suena bien, sólo que al parecer las cosas no son exactamente así: “Yo no estoy de acuerdo con el capitán”, dijo Danny Murillo, otro invitado del programa que ahora estudia en la Universidad de Berkely pero que a los 16 años de edad fue detenido y consignado por asalto a mano armada, delito por el que fue recluido a las celdas y yardas de una prisión de California. Desde entonces su periplo carcelario lo llevó por las cárceles de Tehachapi, High Desert y Pelican Bay, donde gastó siete años de su vida en la sección de castigos, o el SHU. Él contradice las declaraciones de Santana: “Estoy completamente en desacuerdo con el capitán”, dijo, refiriéndose a última vez que cayó preso y pasó siete años en el hoyo. “Te ponen en una celda donde estás solo, o con una persona de quien terminas aprendiéndolo todo, con el tiempo”, soltó en tono de enfado; “pero todavía es algo que te priva de el contacto con otras personas, y ya después piensas: 'Necesitamos salir los dos, no más yo, o tú, sino los dos; los dos estamos sufriendo lo mismo... dos personas en una misma celda, con el mismo peso de estar siendo torturados'”.

No obstante en 2011 hubo algunos cambios en el sistema penitenciario, una nueva estrategia que incluyó la prevención y la rehabilitación, afirmó Santana. Y en cuanto a la existencia de presos de alta seguridad en Pelican Bay, que han pasado hasta décadas en confinamiento solitario el capitán lo justificó de esta manera: “...Todo por su comportamiento, por no querer renunciar a los grupos que hacen amenazas a la sociedad... que matan gente”. A cerca de la muerte de Bill Guero Sell Santana reiteró la socorrida hipótesis del suicidio: “Él se quitó la vida por su parte... no falleció por causa de la huelga de hambre... hasta la fecha ha habido muchos que han estado en la huelga de hambre y hasta han subido mucho de peso”. En relación a la falta de atención médica oportuna que los presos solicitan en momentos críticos, a los que se les niegan “sistemáticamente” cuando decaen ante la falta de alimentos, por ejemplo, como en el caso del Guero Sell, Santana puso en duda este señalamiento: “Porque en el SHU hay personal médico y enfermeras que están en esa área, ayudantes de psicólogos... hay mucha vigilancia incluso del personal y de guardias”. La Asociación Americana de Correcciones reconoció por su parte las precarias -por decir lo menos- condiciones en Pelican Bay. “Pero nosotros no negociamos con criminales”, aclaró el capitán, “como para darles las cosas que piden: salir del SHU de regreso a la población carcelaria general. Pues son personas que han matado, que andan en actividades criminales, mandando matar a personas o a vender droga... Hay modo de salir de ahí, si se portan bien... si siguen los reglamentos... cientos han salido... pero quieren ver películas 'R', de violencia, y no se los vamos a permitir”.

Entre los cambios operados en el sistema Santana se refiere a algunos de ellos: “Antes, si una persona tenía un tatuaje de un grupo amenazante para la sociedad (léase pandilla), o si tenían comunicación con otras personas que ya eran parte del grupo, pues eran cinco puntos los que se les quitaban; y no necesariamente tenían que estar conectados a un crimen... antes iban al SHU. Ahora no. Ahora -enviarlos al hoyo- tiene que ver con un comportamiento documentado; tienen que haber cometido un crimen en el interior de la cárcel para irse al SHU, el proceso de valoración ha cambiado, y por eso cientos han regresado a la población general”.

Luis Jauregui, también invitado de Línea Abierta expresó su desacuerdo. Él fue convicto y estuvo en las prisiones de Folson, High Desert y en San Quintin; vivió la experiencia del confinamiento durante casi un año y contradice también 'las cuentas del gran Capitán': “Lo que reportan los oficiales del sistema carcelario de California es falso. Mandan a mucha gente a los SHUS simplemente por un tatuaje...  será algo cultural, o algo, no sé... por ejemplo, un tatuaje de Cesar Chávez... yo no tuve la oportunidad de tener visitas, ni de salir a la yarda, ni de ningún programa, aunque nunca hice ningún mal a nadie en el penal... Y eso afecta a la familia, a los hijos de los presos... me castigaron por una pelea entre dos grupos, uno mexicano, y me asociaron con ese grupo, aunque yo estaba en otra prisión cuando pasó la pelea”.

Apenas escuchó esto Alejandra Woolword llamó al programa por teléfono, desde Oregon, para plasmar su indignación y su desacuerdo con el capitán de marras, echando mano de un viejo refrán popular: “Andamos en la calle del jabonero, y el que no cae resbala”, sentenció. “Cualquier persona puede terminar en una prisión, tanto por dar un cheque sin fondos como por cometer un crimen”, dijo. “El capitán es un mentiroso, porque el SHU 'aplica' castigo en general... tanto por intercambiar unos zapatos como una sopita de esas que se revuelven con agua... Yo tengo 'orita a mi hijo en la prisión..., le dieron 180 días en el hoyo nomás por cambiar unos tenis. Es un submundo, viven como animales”, deploró la mujer. La crueldad es ahí un hecho. La Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU

 demandó al Departamento de Seguridad Interior (DHS) por trato cruel contra prisioneros con algunos padecimientos mentales, en la demanda que se conoce como “González vs Napolitano”.

Para el capitán sin embargo sólo quienes se portan mal en la cárcel pasan tiempo en confinamiento, sobre todo quienes reinciden. Y las normas que establece el derecho internacional contra la tortura para Santana simplemente no 'aplican' a las cárceles de California; porque en éstas no existe el confinamiento, según él: “En las prisiones de California no hay confinamiento solitario, eso sólo pasa en las películas...”. Todo el que quiere ser rehabilitado puede ser ser rehabilitado, insiste el oficial. “En el SHU pueden obtener su diploma de bachillerato, educación universitaria por correspondencia, recibir su GED; atender a alcohólicos y narcóticos anónimos, y cuentan con ayuda religiosa”.

Danny Murillo refuta de nuevo: “Estoy completamente en desacuerdo con el capitán. Cuando yo estaba en la prisión, el ultimo año que estuve en Corcoran, el programa o cursos para ir el colegio se terminó ese año”, a causa de los recortes presupuestarios. “Lo que me hace mal es haber salido después de 14 años, sin ningún recurso disponible para poder sobresalir. Todo ha sido ayuda de la familia, o de alguno que otro profesor o consejero; pero que haya un programa de ayuda para rehacer la vida afuera de la prisión..., no existe”, lamentó Murillo.

Otra mujer, María habló desde San José para dirigirse a las familias con hijos en esos calabozos, y pedirles en tono de urgencia: “No los abandonen, no los dejen solos porque en esos calabozos vuelven locos a los muchachos; a veces ellos no aguantan y cometen suicidio sin que ni siquiera nos demos cuenta”. La única manera en que ellos pueden mantenerse bien, explicó la mujer, “es cuando las familias están viéndolos, dándoles apoyo..., para que no vayan a morir”. Porque según esta madre afligida, “eso quieren de estos muchachos, la mayoría mexicanos... Yo les digo por experiencia, porque mi hijo estuvo en ese calabozo por 13 años. Y yo tuve que estar al lado de él, porque ya estaba perdiendo su memoria, estaba perdiendo su modo de pensar. Y es una tristeza, que estén cometiendo ese genocidio con esos seres humanos”. Ella aseguró saber de primera mano que esa práctica del Departamento de Correcciones “es para mantener a esos muchachos recluidos ahí; porque ellos -los funcionarios- reciben muchísimo dinero. Tres veces más dinero cuando los tienen en esos calabozos que cuando están con la población general de la prisión”.

 

Marco Vinicio González es periodista y corresponsal en Nueva York de la cadena de radio Radio Bilingüe y ha sido colaborador del periódico mexicano La Jornada. 

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