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Suprema Corte, Arizona y la defensa de los derechos civiles

por Alejandra Castaneda Última modificación 14/05/2012 17:48
— archivado en:

Comentario y análisis sobre los argumentos presentados frente a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos por parte del gobierno federal y sus implicaciones mas generales.

 


El pasado 25 de abril (2012), la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos escuchó y cuestionó a las partes involucradas en la defensa e impugnación de la ley de Arizona SB 1070, Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act, aprobada por la legislatura de ese estado  y firmada como ley el 23 de abril  de 2010. Por una parte, el estado de Arizona llevó sus impugnaciones a las decisión de la IX Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos. Por otra parte, el gobierno federal, es decir, la administración del presidente Obama, se manifestó para defender su impugnación contra esta ley basada principalmente en la cláusula de supremacía del gobierno federal en asuntos migratorios. Resulta interesante hacer énfasis en que   la demanda del gobierno federal no argumenta que la ley pueda propiciar la  discriminación racial. Sobre el tema, la Corte emitirá su decisión en junio del presente año.

 

Desde su discusión y posterior aprobación, la SB 1070 provocó polémica social y legal. En cuanto al caso legal, el 28 de julio de 2010, la juez Bolton otorgó una medida cautelar preliminar, con lo cual se detuvo la entrada en vigor de varias cláusulas de la SB 1070. Estas cláusulas fueron:

Porción de la Sección 2 de S.B. 1070 – A.R.S. § 11-1051(B): requerir que un oficial realice un intento razonable para determinar el estatus migratorio de una persona parada, detenida, o arrestada si existe sospecha razonable de que dicha persona se encuentra de manera ilegal en Estados Unidos, requiriendo que se verifique su estatus migratorio antes de dejar a dicha persona en libertad.

Sección 3 de S.B. 1070 – A.R.S. § 13-1509: convertir en crimen el no aplicar para o portar papeles de registro como extranjero.

Porciones de la sección 5 de S.B. 1070 – A.R.S. § 13-2928(C): convertir en crimen la solicitud y ejecución de trabajo siendo un extranjero sin presencia autorizada.

Sección 6 de S.B. 1070 – A.R.S. § 13-3883(A)(5): autorizar el arresto sin órden del juez cuando exista causa probable de que dicha persona ha cometido una ofensa pública que tendría como consecuencia su remoción de los Estados Unidos. [1]

En términos generales, actualmente el debate   legal se centra en dos aspectos:

1) En la doctrina del poder pleno del gobierno federal.  En este caso, se refiere a la primacía del control federal sobre la inmigración y su regulación, primacía que excluye la regulación de los no ciudadanos por parte de los estados.

2) En la doctrina de la protección igualitaria frente a la ley que plantea que los derechos individuales asentados en la constitución prohíben que los gobiernos subnacionales (estatales y locales) traten de manera menos favorable a los no-ciudadanos respecto a los ciudadanos.[2]

 

En relación a los argumentos presentados frente a la Suprema Corte el día de ayer 25 de abril,  al parecer los jueces no quedaron muy impresionados con la argumentación por parte del gobierno federal respecto a que las tareas de vigilancia migratoria solamente las debe ejercer el gobierno federal y no los oficiales estatales. Al parecer, desde la perspectiva de varios jueces, los estados tienen el derecho de aplicar dichas provisiones en tanto que solamente están solicitando información al gobierno federal. En contexto, las otras tres cláusulas que están en discusión al parecer no fueron tan cuestionadas por los jueces.

 

Las consecuencias de una decisión favorable para esta provisión de la SB 1070 serían muy graves para los migrantes indocumentados y para la comunidad hispana en general ya que son leyes que están claramente enfocadas contra un grupo específico, los hispanos, y se establece como principio de regulación migratoria la “sospecha razonable” de ser indocumentado. En este sentido resulta preocupante que el gobierno federal no haya incluido en su argumentación  el principio del respeto a los derechos civiles, y  el principio de protección igualitaria frente a la ley. Estas leyes hacen una clara distinción racial, y en ese sentido resultan discriminatorias.

Como se sabe, este tipo de leyes se han esparcido por varios estados de la unión americana como son Alabama, Georgia, Indiana, South Carolina y Utah. Todas estas se encuentran en litigio. En el momento en que se declare constitucional la S.B. 1070 de Arizona, se sentará un precedente para los otros estados, siendo muy factible que otras entidades busquen aprovechar esa oportunidad para reinsertarse en la agenda anti inmigratoria, particularmente popular en tiempos electorales. Los derechos civiles de los Latinos (ciudadanos o no, residentes o no) están frente a un ataque directo y, al parecer, no hay un contrapeso que contrarreste este embestida legal, política y social. Cuando la ley se racializa, cuando bajo argumentos legales se criminaliza en los hechos a una comunidad, se abren las puertas a prácticas discriminatorias y a la segregación.

 

 



[1] Decisión Juez Bolton, Corte Federal Distrito de Arizona. No. CV 10-1413-PHX-SRB. Case 2:10-cv-01413-SRB. Document 87

[2] Ver Stumpf, Juliet. 2008. “States of Confusion. The Rise of State and Local Power over Immigration.” Vol. 86, North Carolina Law Review. 1557 (2008). (p. 1564)

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