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Latitud 32. Arizona Dream

por Abbdel Camargo Última modificación 26/04/2010 22:38

Si el argumento fundamental fuera la seguridad interna, la gobernadora debió por comenzar en promulgar leyes que restringieran la venta y compra de armas, junto con reglamentaciones que permitan la disuasión de parte de la población del consumo de drogas y estupefacientes. Los problemas de seguridad reales en su calidad de estado fronterizo pasa más por el narcotráfico y venta de armas que el de la presencia de inmigrantes.

Las noticias han señalado el tema vertiginosamente. En el estado de Arizona se ha promulgado una de las Leyes Anti-inmigrantes más restrictivas que se tenga registro. En efecto,  hace tan solo tres días la gobernadora de Arizona Jan Brewer, firmó la iniciativa de ley SB 1070, que entrará en vigor en 90 días. Dicha Ley da derecho a los miembros de los servicios de seguridad del estado a exigir a cualquier persona en la calle documentos que prueben que está ahí legalmente, esto es que las personas que resulten “sospechosas” podrán ser registradas y retenidas buscando la verificación de su estatus legal.

La medida restrictiva busca criminalizar la migración en si, pues de resultar que una persona que va caminando en la calle no pueda demostrar su estancia legal en ese país puede ser encarcelada hasta por seis meses, multada con 2.500 dólares y, eventualmente, ser expulsada del país. La promulgación de esta Ley tiene un componente racista pues permite a los policías del estado interrogar a los ciudadanos de aspecto y fenotipo “hispano”, por lo que es también persecutoria y xenófoba.

Vale señalar el contexto con que dicha Ley fue aprobada: La violencia registrada en la frontera con México y la opacidad con que la casa Blanca ha tratado el tema de la migración en el contexto electoral que se acerca en el estado.

El argumento que dio la gobernadora exalta la inseguridad que vive el estado como consecuencia de la vecindad con México. Señaló que dicha Ley protege a los Ciudadanos de Arizona y que su Ley va un paso adelante respecto de la inoperancia manifiesta por parte del gobierno federal respecto al tema inmigratorio. El argumento es fallido en si mismo y no hace más que mostrar una postura ideológica equivoca que estigmatiza al migrante como un criminal. Cierto es que el Estado de Arizona tiene cerca de 500 mil inmigrantes ilegales y que es en la actualidad el cruce fronterizo más activo y de mayor peso de toda la nación, sin embargo, su función en el entramado migratorio parece ser más de catapulta y dispersión que de centro o núcleo de atracción, puesto que los migrantes ahí, poco se quedan.

Si el argumento fundamental fuera la seguridad interna, la gobernadora debió por comenzar en promulgar leyes que restringieran la venta y compra de armas,  junto con reglamentaciones que permitan la disuasión de parte de la población del consumo de drogas y estupefacientes. Los problemas de seguridad reales en su calidad de estado fronterizo pasa más por el narcotráfico y venta de armas que el de la presencia de inmigrantes.

Grupos de migrantes en todo el país comienzan a organizarse para derogar dicha Ley. Grupos de actores de relevancia política en los Estados Unidos también han fijado su postura, defendiendo más una política de inmigración y condenando su criminalización. Incluso desde la Casa Blanca el presidente Obama ya ha dado las primeras declaraciones en términos de inconstitucionalidad de tal Ley. El gobierno mexicano por su parte ha hecho lo suyo: condenar enérgicamente dicha Ley, sin embargo, se queda a mitad de camino en su pronunciamiento, pues resulta preocupante que a la fecha no halla  ningún intento por impulsar una reforma más integral y comprensiva. La oportunidad se debería de aprovechar, pues Arizona ha puesto de relieve el tema migratorio como agenda binacional.

Preocupante es que México esperé la derogación de tal Ley desde las fuerzas internas al propio país del norte, que lo haga desde una tribuna cómoda de mero espectador, sin el impulso de ninguna propuesta concreta, sin un mecanismo mediador y sin un horizonte esclarecedor. No vale cuestionar el futuro comercial de México con ese estado en particular. El gobierno de México parece apostarle a la fuerza que tienen los propios migrantes para su defensa y al ala progresista norteamericana que ya se ha comenzado a manifestar.

El mensaje simbólico de tal promulgación debe ser leída como una advertencia: Las fuerzas conservadoras operan con un perfil represivo. Valdrá la pena observar la salida que de la Casa Blanca al tema y valdrá la pena identificar las acciones del gobierno federal.

Nuevamente los migrantes mexicanos en Estados Unidos vuelven a entrar en un episodio más de resistencia en el que es papel de todos participar. Se pone en vilo la tranquilidad de miles de mexicanos así como la idea de una democracia cimentada sobre espuma y cristal.

 

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