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La migración en la Agenda México-EU

por Rodolfo Hernández Corchado Última modificación 23/04/2010 13:34

La mayoría de los estudios de opinión concluyen que hoy por hoy no existen las condiciones más favorables para que los gobiernos de México y Estados Unidos lleven a cabo negociaciones bilaterales para un acuerdo amplio e integral en materia de migración.

La migración en la Agenda México-EU

Enrique Toledo

Por Enrique Toledo


La mayoría de los estudios de opinión concluyen que hoy por hoy no existen las condiciones más favorables para que los gobiernos de México y Estados Unidos lleven a cabo negociaciones bilaterales para un acuerdo amplio e integral en materia de migración.

Por el contrario, en ambos países la inclinación a favor de la acción unilateral actualmente es mayor que la que había antes del último intento fallido por negociar un acuerdo migratorio en 2001.

Incluso, del lado mexicano, voceros de la administración panista de Felipe Calderón (Arturo Sarukhán) se han pronunciado a favor de “desmigratizar” la relación con Estados Unidos y dejar de lado la iniciativa de la administración de Fox de buscar un acuerdo migratorio bilateral, al menos en el corto plazo.

Al parecer dentro del equipo presidencial existe la percepción de que el despliegue de una diplomacia pública activa para impulsar la apertura del mercado laboral binacional y la flexibilización de las leyes migratorias en Estados Unidos podría tener efectos contraproducentes en el debate migratorio en curso en ese país.

Se parte de presumir, que el equilibrio de fuerzas entre “duros” y “blandos”en materia de migración es tan delicado, que cualquier declaración pública por parte de México podría desatar una reacción negativa entre los sectores antinmigrantes más radicales.

La disyuntiva para México está entre seguir insistiendo en la necesidad de un enfoque bilateral hacia un eventual acuerdo migratorio con Estados Unidos, o apostar a que una eventual reforma integral de las leyes migratorias resulte cercana a sus preferencias.

Esta última opción podría adoptar dos modalidades distintas: una pasiva y otra activa. Un enfoque pasivo consiste en seguir manteniendo un bajo perfil y observar de cerca, sin tratar de influir, el desarrollo del debate político y legislativo sobre migración en Estados Unidos.

La modalidad activa significa definir una posición explícita y articular un discurso claro para promover sus percepciones y tratar de influir activamente en el proceso de reforma de las leyes migratorias estadounidenses, evitando hacer pronunciamientos críticos que enrarezcan el ambiente político de la relación o polaricen el debate migratorio en Estados Unidos.

Existe también la posibilidad de que, de no darse los acuerdos internos necesarios para definir una posición proactiva en la materia, el gobierno mexicano caiga en el inmovilismo o vuelva al patrón de inacción, falta de rumbo y ausencia de una política explícita que caracterizó a los años setenta y ochenta.

Mientras que en Estados Unidos la población y la clase política se encuentran fuertemente divididos en torno al tema migratorio, en México persisten las presiones políticas para que el gobierno asuma una mayor responsabilidad sobre el tema.

De acuerdo con el sondeo México y el mundo de 2004, un amplio sector de la opinión pública mexicana (54%), incluso superior al que encontramos en la opinión pública estadounidense (50%), considera que México tiene más responsabilidad en dar soluciones al problema de la emigración de mexicanos indocumentados a ese país.

Los mexicanos no piensan que éste sea un problema exclusivo de Estados Unidos ni que el gobierno estadounidense tenga que hacerse  cargo de la solución. Si bien esta actitud refleja un sentido de responsabilidad compartida, no necesariamente apunta hacia una preferencia a una acción concertada con Estados Unidos.

De hecho, puede traducirse en un aumento de las demandas internas para que México asuma una posición más crítica hacia las medidas de seguridad y control migratorio por parte de Estados Unidos, tome medidas más eficaces para aligerar la situación de los mexicanos del otro lado de la frontera, incremente la inversión para generar empleos en las zonas expulsoras y se pronuncie activamente a favor de una reforma integral de las leyes migratorias de ese país.

Independientemente de las decisiones y acciones que adopten los gobiernos, no hay indicios de que los flujos - a pesar de la lenta recuperación de la economía y el empleo en el norte- vayan a disminuir en el mediano plazo, pues los factores que los motivan- brecha salarial, demanda laboral, redes sociales – siguen tan dinámicos como en las últimas dos décadas.

Las propias dimensiones del problema obligarán a los gobiernos a tomar decisiones. El grado de politización del tema migratorio en México, tanto en el nivel estatal, como en el federal hace poco probable que el gobierno mexicano vuelva a la vía de la inacción. De igual manera, es improbable que Estados Unidos se siente a la mesa a negociar un acuerdo migratorio de largo alcance con México,

El escenario más factible es la acción unilateral en los dos países: México se verá obligado a articular una política migratoria más explícita, activa y coherente hacia el norte y hacia el sur, y Estados Unidos, a su vez, tendrá que dar alguna salida a los más de 12 millones de indocumentados que se encuentran a través de algún tipo de reforma, parcial o general, de las leyes migratorias.

Hay un profundo desfase en los términos del debate político sobre migración entre México y Estados Unidos. En Estados Unidos se percibe como un asunto de política interna mientras que en México se entiende preferentemente como una cuestión de política exterior. Para Estados Unidos la preocupaciones principales son la seguridad y la economía, en tanto que para México los aspectos, económicos, sociales y de derechos humanos resultan prioritarios.

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