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La jubilación “forzosa u obligatoria”: ¿no es acaso discriminatoria?

por Rodolfo Hernández Corchado Última modificación 07/12/2010 09:01

Si los jóvenes jerarcas de nuestra Cancillería tuvieran visión de largo plazo, propondrían desde ahora al Congreso de la Unión las reformas necesarias a la ley del SEM en vigor, para no pasar las penurias que pasan los embajadores y cónsules generales jubilados en la actualidad.

La jubilación “forzosa u obligatoria”: ¿no es acaso discriminatoria?

Leonardo Ffrench Iduarte

Enseña la sabiduría popular que nunca deben darse consejos no pedidos. Sin embargo, habida cuenta de la experiencia vivida por muchos de mis compañeros y compañeras, y por la mía, que hemos  debido pasar a la jubilación a los 65 años de edad “obligados por la ley”, considero mi deber compartir con los  jóvenes jerarcas de la Cancillería mexicana,   “lo que se siente” y algunas formas de superar ese sentimiento de frustración, para que  luego no digan que  “nadie se los advirtió” mientras estuvo en sus manos la solución de este problema.

La mayoría de los integrantes del SEM de carrera, jubilados en la actualidad,  ingresamos al servicio cuando estaba en vigor la ley del SEM de 1934, misma que establecía como edad forzosa u obligatoria de jubilación,  los 65 años.    Además, estipulaba que los Embajadores y Cónsules Generales, quienes para serlo han requerido siempre  de la aprobación del nombramiento presidencial por el  Senado de la República  o por  la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,  que para pasar a jubilación necesitaban del acuerdo presidencial.   Por  iniciativa  del Secretario de Relaciones Exteriores Jorge G. Castañeda, el Congreso de nuestro país estableció en la Ley del SEM en vigor, que  no habría diferencia entre Embajadores y Cónsules Generales con los demás integrantes del SEM de carrera y que todos pasarían a jubilación forzosa al cumplir 65 años de edad.

 En 1934, la expectativa de vida promedio de los mexicanos era de 50 años.  Esto significa que la edad “obligatoria” de jubilación era 15 años después.  Hoy en día, la expectativa promedio de vida ha aumentado a 75 años. No obstante, la edad promedio de jubilación continúa siendo la misma: 65 años. ¡Diez años antes!…La razón que adujeron los congresistas que aprobaron la Ley de 1934 fue que habría que considerar el crecimiento previsible de la expectativa de vida promedio. ¿La considerarán también en la actualidad los titulares de nuestra Cancillería y los congresistas?. Ojalá.   Además, la Ley del SEM de 1934 se mantuvo en vigor durante 33 años, hasta las reformas de 1967. Las reformas a la Ley del SEM, en nuestros días, apenas duran, como promedio, un sexenio.

Consecuentemente, no se necesita de cálculo actuarial  para concluir  que, si la expectativa promedio de vida ha aumentado de 50 a 75 años, la edad de jubilación  forzosa u obligatoria debería aumentar de los 65 a los 90 años, para continuar  siendo 15 años más que la  expectativa de vida promedio.  No debemos olvidar que el ilustre Embajador de México don Rafael de la Colina, fungió como Representante Permanente de México ante la OEA casi hasta esa edad y nadie puede  negar el brillo de su gestión.

Así, de paso, se respondería a  algunos expertos en materia de derechos humanos quienes argumentan que, en virtud de que nadie puede decidir voluntariamente su raza, su sexo, su sitio de nacimiento, su orientación sexual  o  su edad, resulta discriminatorio el que  autoridades o  leyes dispongan  lo que una persona puede o no  hacer, con base en estas consideraciones.

 Además, los embajadores y cónsules generales que continuaran trabajando como tales,   aportarían recursos al ISSSTE,   en lugar de recibir una pensión que, no obstante su pequeño  monto, contribuye  al sangrado  de una institución en delicada situación financiera.

Lo anterior no implica restringir el derecho de los miembros del SEM, como el de los demás trabajadores al servicio del Estado,  de pasar a jubilación, voluntariamente, tras 30 años de servicios y una edad mínima de 55 años de edad.

Asimismo, los miembros del SEM que desearan continuar laborando como tales, serían objeto de evaluaciones de aptitud intelectual, emocional y física cada 5 años, a partir de haber cumplido 65 años de edad.

Creo, sin temor a equivocarme, que si los jóvenes jerarcas de nuestra Cancillería tuvieran visión  de largo plazo, propondrían desde ahora al Congreso de la Unión las reformas necesarias a la ley del SEM en vigor, para no pasar las penurias que pasan los embajadores y cónsules generales jubilados en la actualidad, especialmente si procrearon  varios hijos y hubieron de encargarse de su manutención y desarrollo y, consecuentemente,     no tuvieron oportunidad de generar  ahorros para el retiro.

 La pensión por jubilación que recibimos del ISSSTE,   en la actualidad, equivale aproximadamente a la octava parte de lo que percibíamos en nuestra vida activa como embajadores o cónsules generales de carrera.

Los integrantes de las fuerzas armadas, también defensoras de nuestra soberanía nacional y también regidas por su propia legislación,  reciben en la actualidad,  como pensión por jubilación, el 60% de sus haberes tras 20 años de servicios y el 100% después de servir durante 30 años.

¿No merecerán algo similar los integrantes del Servicio Exterior Mexicano de carrera que,   entre otros logros,  le  ha  dado a nuestro país sus  únicos  Premios Nobel en la historia,  el de la Paz, en 1982,  para don Alfonso García Robles y  el de Literatura, en 1990, para Octavio Paz,  e incluso el de Química, en 1995, para el entonces estadounidense Mario Molina Montes, quien después recuperaría su nacionalidad mexicana, hijo del Embajador de México, de carrera, Roberto Molina Pasquel?

Parecería un acto de elemental  justicia social e histórica emparejar las pensiones por jubilación que recibirían los integrantes del SEM  de carrera con las que reciben  los miembros de nuestras fuerzas armadas porque, además, el número de integrantes del SEM de carrera  es tan pequeño en comparación con el  número de efectivos  de aquéllas, que el impacto presupuestal sobre las finanzas nacionales sería tanto como  “quitarle un pelo a un gato”.  El SEM de carrera tiene cerca de 1,300   miembros en total,  cantidad invariable desde 1980.  Las Fuerzas Armadas superan los 250,000 efectivos.  

 Finalmente, habría que considerar el elevado costo de una prestación vigente,  estrictamente elitista.  Me refiero a  la prima anual que debe pagarle el gobierno mexicano a empresas particulares, nacionales y extranjeras, por concepto del seguro de gastos médicos exclusivo para el  personal gubernamental de mediano y alto nivel, en activo, a fin de  que se atienda en hospitales privados y no tenga que padecer  en  las clínicas del  ISSSTE.   Para el erario nacional  este costo  es  infinitamente superior a lo que se erogaría  si simplemente se decidiera la creación de  un fondo anual de retiro, de suficiente cuantía,  para compensar las exiguas pensiones por jubilación que recibimos los integrantes del SEM de carrera, o si se llevaran a cabo las reformas sugeridas en este escrito a la vigente Ley del SEM.   

 

Cuernavaca, Morelos, a 24 de noviembre del 2010.


*Texto publicado originalmente el 28 de noviembre de 2010 en La Jornada. Se publica con la autorización de su autor.

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