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La brutalidad de la violencia contra mexicanos en la frontera y la maldita vecindad con Estados Unidos

por Rodolfo Hernández Corchado Última modificación 19/06/2010 06:43

Ante la humillación que implica que agentes extranjeros asesinen alevosamente a un muchacho mexicano tan joven en el propio territorio nacional, el coraje y la impotencia nos hacen pensar, que a pesar de todas las ventajas y oportunidades de ser vecinos de los Estados Unidos, esta significa una maldita vecindad.

La brutalidad de la violencia contra mexicanos en la frontera y la maldita vecindad con Estados Unidos

Enrique Toledo

Por Enrique Toledo

En menos de dos semanas en la frontera México-EU, en las dos mayores zonas metropolitanas transfronterizas, San Diego y Ciudad Juárez, murieron dos mexicanos en actos que vinculan de manera directa a agentes de la Patrulla Fronteriza y ambos sucesos fueron filmados con celulares. Es difícil pensar que la cercanía temporal de ambos hechos sea una coincidencia. Se manifiesta justo cuando la xenofobia antinmigrante del país vecino se expresa ahora también en leyes. Por eso importa destacar y repetir, la importancia que tiene el contexto electoral en el que se acusa a los indocumentados de todos los males, convirtiéndolos en chivos expiatorios y el del crecimiento de un ambiente racista y en algunos casos de un clima abiertamente anti-mexicano.

 

Es en ese entorno que surge y es aprobada la ley SB1070 en Arizona y los intentos por repetirla con variantes en otras entidades, pero lo más alarmante, es que ese clima político está detrás de la brutalidad y la violencia de muchos de los 20 mil agentes de la Patrulla Fronteriza y del nuevo envío de efectivos de la Guardia Nacional (especie de reservistas de las fuerzas armadas) a la frontera. Obama repitiendo lo ya hecho por Bush y como concesión a los republicanos mandó mil 200 elementos de la guardia, aunque el senador McCain exigió 6 mil, cinco veces más- no conforme con el muro virtual y real- como forma de reforzar la seguridad en la frontera.

 

La visibilidad mediática de estos abusos criminales de la Patrulla contra migrantes han provocado una reacción de indignación en amplios sectores de la población mexicana y en algunos grupos democráticos o humanitarios de los Estados Unidos e incluso en otras partes del mundo, especialmente en Latinoamérica.

 

Es evidente que la Secretaría de Relaciones Exteriores luce tibia cuando se limita a “condenar” los asesinatos, a enviar notas diplomáticas o a pedir investigaciones. El Departamento de Estado dice lamentar las muertes y los legisladores estadounidenses se curan en salud guardando un minuto de silencio en La Reunión Interparlamentaria.

 

El Congreso Mexicano debe ir más allá en su demanda de justicia y no conformarse con la aceptación de pésames. La Comisión Permanente debe exigir y mantener la exigencia de que el Ejecutivo Federal convoque al Embajador de los Estados Unidos a rendir cuentas por los homicidios de Anastasio Hernández Rojas y de Sergio Adrián Hernández Huereca (considerados como ejecuciones extrajudiciales por la Academia Mexicana de Derechos Humanos); y exigir también que se llame a consultas, al Embajador de México en Washington, como válido y mínimo gesto diplomático de rechazo a la impunidad que esta protegiendo a los asesinos.

 

Los agentes de la Patrulla Fronteriza gozan de una virtual impunidad en los incidentes en que hacen uso de la fuerza letal, de acuerdo con una revisión histórica de estos casos. Desde la fundación de la corporación en 1924, ninguno de sus agentes ha sido declarado culpable. “Prácticamente nunca son acusados de homicidio criminal”. Los Procuradores de Distrito rechazan formularles cargos. Los casos no llegan a las Cortes”, según Jesús Romo, un abogado de Tucson, Arizona, quien ha representado a familias de los inmigrantes que han sido víctimas de agentes de la patrulla.

 

“Siempre existe una excusa, una coartada técnica que justifica para ellos el no presentar los cargos” “En estos casos hay una impunidad completa”. De acuerdo con Romo, la justificación suele ser siempre una piedra, considerada legalmente como un arma letal.

 

La Corte Federal de Apelaciones del Décimo Distrito, con sede en California, dictaminó a principios de la década de los 90 que en caso de ataque contra un agente, las piedras constituían un arma letal. “Desde entonces, en todos estos casos de homicidio siempre aparece una piedra que justifica al agente haber disparado”. Los abogados que representan a las familias de las víctimas optan, tras fallar en los procesos criminales, por abrir una nueva vía en búsqueda de justicia, con la presentación de una demanda por la violación de los derechos civiles.

 

Una buena parte de estas demandas son solucionadas fuera de las cortes en arreglos entre el Gobierno Federal y las familias de las víctimas, en las que suelen pagarse indemnizaciones. En los pocos casos en que los agentes llegan a las cortes acusados de abuso, los jurados de mayoría anglosajona, realmente no tienen ninguna empatía con los indocumentados, dijo a su vez María Jiménez, una activista de derechos humanos en Houston, Texas.

 

Las absurdas justificaciones esgrimidas por el sindicato de la patrulla fronteriza en defensa de sus agremiados presagian investigaciones amañadas y encubridoras. Cada día que transcurre, demorando los resultados de las investigaciones, probablemente esperando que se calmen los ánimos, exige la representación nacional no deje el asunto a un lado y lo mantenga prioritariamente en su agenda.

 

Todo parece indicar que el uso indiscriminado de la fuerza letal, no persigue la protección de la vida de los agentes de la ley, sino medidas ejemplares, como un escarmiento para disuadir y atemorizar a los migrantes. México y Estados Unidos firmaron en 1999 un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en contra de la Violencia Fronteriza y en el 2000 emitieron los Lineamientos de Acción, que entraron en vigor en 2001.

 

El documento prevé un programa piloto para la utilización de armas no letales por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza. En el 2004 México estuvo de acuerdo en que los agentes de ese cuerpo, que depende del Gobierno Federal estadounidense utilizaran balas pimienta sólo en caso de recibir agresiones de migrantes. Organizaciones civiles han criticado el uso de balas expansivas por parte de la patrulla, que las deportaciones se efectúen por las noches, a lugares alejados de los puntos de cruce o de detención..

 

Para Human Rights Watch “El aumento registrado en la cantidad de episodios de asesinatos perpetrados por agentes de la Patrulla Fronteriza pone de manifiesto la necesidad de que EU lleve a cabo una investigación abierta y exhaustiva”, subrayó. “Las autoridades de EU, agregó, deben respetar los principios de Las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”.

 

Ante la humillación que implica que agentes extranjeros asesinen alevosamente a un muchacho mexicano tan joven en el propio territorio nacional, el coraje y la impotencia nos hacen pensar, que a pesar de todas las ventajas y oportunidades de ser vecinos de los Estados Unidos, esta significa una maldita vecindad.

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