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Despidos masivos. El nuevo rostro de las redadas migratorias.

por David Bacon Última modificación 09/02/2010 19:20

Ana Contreras pudo haber competido con el equipo nacional de tae kwon do en el campeonato de este año. Sin embargo, hace dos meses sucedió un desastre. Su madre, Dolores, perdió su trabajo.

Despidos masivos. El nuevo rostro de las redadas migratorias.

David Bacon

Ana Contreras pudo haber competido con el equipo nacional de tae kwon do en el campeonato de este año. Ella tiene 14 años de edad. Durante seis años se ha dedicado a entrenar en vez de asistir a fiestas de cumpleaños y dejado a un lado las amistades por las que la mayoría de los adolescentes viven. Sin embargo, hace dos meses sucedió un desastre. Su madre, Dolores, perdió su trabajo. El dinero para las clases se esfumó, y no solo eso.

“Solo le compré ropa una vez al año, cuando recibí mi cheque de reembolso de los impuestos,” explica Dolores Contreras. “Ahora ella necesita zapatos, y tuve que decirle que no teníamos dinero. Cancelé el servicio de cable y de internet que necesita para la escuela. Cuando el contrato de mi teléfono celular expire el próximo mes, también lo cancelaré. Nunca he tenido suficiente dinero para un auto, y actualmente llevamos tres meses sin pagar la cuenta de la energía eléctrica.”

Contreras (su nombre ha sido cambiado para este artículo) comparte su miseria con otras 1800 familias. Todas perdieron su trabajo cuando su empleador, American Apparel, las despidió por carecer de un estatus migratorio legal. Todavía tiene la carta del Departamento de Seguridad Nacional (Deparment of Homeland Security o DHS), recibida hace dos meses por medio el abogado de la compañia. La carta informa que los documentos que entregó cuando fue contratada no son válidos, y sin autorización para trabajar, su vida laboral esta acabada.

Por supuesto, no está realmente acabada. Contreras aún tiene que trabajar si quiere que ella y su hija puedan comer y pagar la renta. Por lo tanto en lugar de contar con un empleo que apenas le permita pagar sus gastos, ella tiene que encontrar otro que no ni siquiera le permitira cubrir todos sus gastos.

Contreras es una habilidosa operadora de maquinas de coser. Llegó a Estados Unidos hace trece años, después de haber trabajado por muchos años en las fábricas del vestido en Tehuacán, Puebla. Ahí, compañias como Levi’s fabrican tantos pares de pantalones de mezclila desteñidos, que el agua de la ciudad se ha vuelto azul. En Los Angeles, Contreras esperó hallar el dinero necesario para enviarlo a casa, para el tratamiento semanal de dialisis de su hermana, y para pagar la manutención y la escuela de otras cuatro sobrinas. Por cinco años, anduvo  de un taller a otro. Como la mayoría de los trabajadores de la industria del vestido, no recibió salario por trabajar tiempo extra, el monto de sus cheques eran regularmente insuficiente, y algunas veces su empleador desapareció durante la noche, debiéndole semanas enteras de salario.

Finalmente, Contreras obtuvo un trabajo en American Apparel, famosa for su ropa sexy fabricada en Los Angeles y no en el extranjero. También tenía que trabajar como un demonio. Su equipo de diez experimentadas costureras producía 30 docenas de camisetas por hora. Después de dividir la tarifa por pieza en forma equitativa entre ellas, Contreras regresaba a casa con $400 dólares (descontando los impuestos) por cuatro dias de trabajo a la semana. También pagaba seguridad social, aun cuando nunca iba a ver un centavo en beneficios porque sus contribuciones eran registradas a un número inventado.

Actualmente, Contreras está trabajando en una maquiladora ganando la mitad de lo que ganaba anteriormente. Mientras tanto, American Apparel está remplazando a aquellos que fueron despedidos. Contreras dice que la mayoría son mujeres mayores de edad, con documentos y que no pueden trabajar tan rápido. “Probablemente cosen 10 docenas al dia,” señala. “Las únicas operadoras con documentos son las meas viejas. Las trabajadoras más rápidas y jóvenes no tienen papeles, y si los tienen encuentran empleos mejor pagados, empleos donde realizan labores más sencillas.”

“El presidente Obama es responsable por ponernos en esta situación,” acusa furiosa. “Esto es peor que una redada. Quieren evitar que trabajemos de cualquier forma.” Contreras puede estar furiosa, pero no está equivocada. El sitio en interenet de la Casa Blanca dice que “el presidente Obama suprimirá los incentivos para entrar al país ilegalmente, previniendo que los empleadores contraten trabajadores indocumentados y reforzando la ley.” En junio 24  declaró ante los miembros del Congreso que el gobierno estaba "tomando medidas enérgicas contra los empleadores que están utilizados trabajadores ilegales a fin de reducir los salarios – y que regularmente maltratan a esos trabajadores.”

La ley que Obama está haciendo cumplir es la 1986 Immigration Reform and Control Act, la cual require que los empleadores lleven un registro del estatus migratorio de sus trabajadores, prohibiendoles que contraten a aquellos que no cuente con documentos legales, o “autorización para trabajar.” En efecto, para los trabajadores, la ley convierte en un crimen trabajar. Esta provision, las sanciones a los empleadores, es la base legal para todas las redadas en los lugares de trabajo y el reforzamiento de la ley en los últimos 23 años. “Las sanciones pretenden castigar a los empleadores,” señala Bill Ong Hing, profesor de derecho en la Universidad de California en Davis. “En realidad castigan a los trabajadores.”

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos del DHS (Immigration and Customs Enforcement o ICE) informó al inicio de este año que había auditado el registro de 654 compañias a nivel nacional. La auditoria en American Apparel comenzó en 2007, durante el gobierno del presidente Bush. En Minneapolis, otra auditoria de la era Bush, examinó el registro de los trabajadores de la limpieza, empleados por la American Building Maintenance. En mayo, la compañia y el ICE informaron a 1200 trabajadores que si no proveían nuevos documentos que mostraran que podían trabajar legalmente, podrían ser despedidos. En octubre comenzaron los despidos semanales de 300 trabajadores. Los trabajadores de la limpieza pertenecen al Service Employees Local 26 y trabajan con salarios contractuales. Los despidos sucedieron cuando el sindicato se encontraba negociando un nuevo contrato.

En Los Angeles, 254 trabajadores en Overhill Farms fueron despedidos en mayo. La compañia, con más de 800 empleados, fue auditada al inicio de este año por el Servicio de Impuesto Internos (Internal Revenue Service o IRS). De acuerdo con John Grant, director de la division de empacadoras del Local 770 de la United Food and Commercial Workers, la cual representa a los empleados en la planta procesadora de alimentos, “encontraron discrepancias en los números de seguridad social de muchos trabajadores. El 6 de abril,  Overhill envió una carta a 254 personas –todas miembros de nuestro sindicato- dandoles 30 dias para proporcionar sus numeros de seguridad social correctos.”

 El 2 de mayo la compañia detuvo las líneas de producción y mandó a todos a sus casas, informando, de acuerdo con la trabajadora Isela Hernández, que “no habría trabajo hasta que ellos nos llamaran nuevamente.”  Para 254 personas, esa llamada nunca llegó. De acuerdo con Alex Auerbach, portavoz de Overhill Farms, “la compañia fue obligada por la ley federal a despedir a estos empleados porque tenían números de seguridad social inválidos.  Haber realizado lo contrario hubiera expuesto tanto a los empleados como a la compañia a una persecución penal y civil.”

 “Solicitamos ver la carta del ISR o cualquier otro documento relacionado con esto,” responde Grant. “Nunca escuchamos que el IRS exigiera el despido de un trabajador. Nunca nos mostraron ninguna carta. La compañia no tiene porque despedir a estas personas. Ningún documento que nosotros conozcamos dice que tienen que hacerlo.” Algunos de los trabajadores despedidos contaban con numeros de seguridad social validos,  y sin embargo fueron despedidos.

 Los trabajadores acusan a la compañia de contratar trabajadores de remplazo, clasificados como de “medio tiempo,” que no reciben los beneficios en el contrato sindical. “Al deshacerse de los trabajadores a los cuales les tienen que pagar beneficios, están ahorrado muchísimo dinero,” acusa la trabajadora Lucia Vásquez. Auerbach señala que los remplazos reciben el mismo salario, aun cuando reconoce que carecen de beneficios.

 La historia del control migratorio en los lugares de trabajo esta lleno de ejemplos de empleadores que utilizan las auditorias y las discrepancias en los registros como pretexto para deshacerse de militantes sindicalistas o para disuadir la organización de los trabajadores. La organizadora sindical por más de 16 años, por ejemplo,  presenció dos redadas en la planta de carne de cerdo de Smithfield en Carolina del Norte y el despido de 300 trabajadores por contar con numeros de seguridad social inadecuados.

 Sin embargo, ya sea que sean motivados o no por un interés económico o un animo anti-sindical, los despidos actuales resaltan importantes preguntas en la política de control migratorio. “Estos trabajadores no sólo no han hecho nada malo, sino que han pasado años enriqueciendo a la compañia. Nunca nadie ha dicho que las ganacias obtenidas por la compañia sean ilegales, o que deban regresarselas a los trabajadores. Entonces, ¿por qué los trabajadores son llamados ilegales? se pregunta Nativo López, director de la Hermandad Mexicana Latinoamericana. La Hermandad, con raíces en el movimiento por los derechos de los inmigrantes del legendario activista Bert Corona, en Los Angeles, ha organizado protestas en contra de los despidos en Overhill Farms y en la American Apparel. “Cualquier política migratoria que diga que estos trabajadores no tienen derecho a trabajar y alimentar a sus familias, es incorrecta y las necesidades deben ser transformadas,” declara.

El presidente Obama plantea que las sanciones están dirigidas a los empleadores “quienes utilizan –y muchas veces maltratan- trabajadores ilegales con el fin de reducir los salarios.” Esto, replantea un argumento común del gobierno de Bush acerca de las redadas en los lugares de trabajo. La ex directora del ICE, Julie Meyers, aseguró que estaba atacando “criminales sin escrupulos que utilizan trabajadores ilegales para reducir costos y obtener una ventaja competitiva.” Un asesor del ICE, del programa de control en los lugares de trabajo, plantea que “empleadores sin escrupulos tienden a pagar salarios por abajo del mínimo a los trabajadores ilegales y forzarlos a soportar condiciones de trabajo intolerables.”

Sin embargo, remediar las intolerabes condiciones que sufren los trabajadores, mediante su despido o su deportación, no los ayuda ni tampoco cambia esas condiciones. Sin embargo, no es eso lo que ICE ataca. Los trabajadores de Smithfield trataban de organizar un sidicato para mejorar las condiciones de trabajo. Overhill Farms cuenta con un sindicato. American Apparel paga mejor que otras fábricas del vestido. En Minnneapolis, los 1200 trabajadores de la limpieza despedidos en ABM ganaban mayores salarios que los trabajadores no sindicalizados –y tuvieron que ir a la huelga para ganarlo.

La campaña de auditorías y despidos del ICE, a las cuales Javier Murillo presidente del Local 26 del SEIU denomina como “la política de control de Obama”, ataca al mismo grupo de empleadores que atacaron las redadas de Bush –compañias con sindicatos o aquellas en donde se impulsa la organización. Si hay alguien a quien el ICE intenta castigar, es a aquellos trabajadores que ganan demasiado, o aquellos que se vuelven muy visibles por demandar salarios más altos y organizar sindicatos.

Pero a pesar de que las ideas de Obama de que el reforzamiento de las sanciones castigarán aquellos empleadores que explotan inmigrantes, en la American Apparel y la ABM los empleadores fueron premiados por cooperar, al ser inmunizados de enjuiciamiento. ICE amenazó de multar a Dov Charney, el propietario de American Apparel, pero posteriormente, de acuerdo con el abogado Meter Schey,  retiró la amenaza. Murillo sostiene que  “la promesa hecha durante la auditoria es que si las compañías cooperan y cumplen, no serán multadas. Por lo tanto, esta política solo hace daño a los trabajadores.”

Y la justificación para lastimar a los trabajadores está también implicita a la política anunciada en el sitio de internet de la Casa Blanca: “eliminar los incentivos para entrar al país ilegalmente.” Esta fue la justificación original para sancionar a los empleadores en 1986 –si los migrantes no pueden trabajar, entonces no vendrán. Por supuesto, la gente vino, porque al mismo tiempo que el Congreso aprobó la Immigration Reform and Control Act, comenzó el debate acerca del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). Esto, virtualmente garantizó la migración en el futuro. Desde que el TLCAN entró en efecto en 1994, más de seis millones de mexicanos, como Dolores Contreras, han sido empujados por la pobreza a través de la frontera. “Las preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer, es ¿qué desarraiga a las personas en México?,” plantea Hing, “y por qué los empleadores en Estados Unidos dependen tanto de trabajadores con bajos salarios?”

Nadie dentro de los gobiernos de Obama o Bush, o del gobierno de Clinton, desea detener la migración a Estados Unidos o imagina que esto podría realizarse sin tener consecuencias catastróficas. Las principales industrias que ellos amenazan con el control migratorio son tan dependientes del trabajo de los migrantes que se podrían colapsar sin él. En cambio, la política migratoria y de control, consigna a esos migrantes a un estatus de “ilegales” y socava el precio de su fuerza de trabajo. El control migratorio es un medio para manipular el flujo de migrantes, y hacer posible que su trabajo este disponible para los empleadores al precio que ellos lo quieran pagar.

 En 1998, el gobierno de Clinton, montó la acción de control migratorio más grande hasta la fecha, en la cual los agentes escudriñaron los nombres de 24, 310 trabajadores en 40 plantas empacadoras de carne en Nebraska. Posteriormente, enviaron cartas a 4, 762 personas infomandoles que sus documentos estaban mal, y más de 3, 500 fueron forzadas a abandonar sus empleos. Mark Reed, quien dirigió la “Operación Vanguardia,” aseguró que en realidad fue realizada para presionar al Congreso y a los grupos de empleadores para que apoyaran una legislación a favor de los trabajadores temporales. “Dependemos del trabajo extranjero”, declaró. “Si no tenemos nunca mas migración ilegal, entonces contaremos con el apoyo político para contar con trabajadores temporales.”

 El secretario del DHS durante el gobierno de Bush, Michael Chertoff, planteó lo mismo. “Existe una solución obvia al problema del trabajo ilegal, que consiste en abrir la puerta del frente y cerrar la trasera.” “Abrir la puerta del frente” permite a los empleadores reclutar trabajadores para que vengan a Estados Unidos, otorgándoles visas que los encadenan a sus empleos. Y forzar a los trabajadores a venir a través de este sistema, “cerrando la puerta trasera” criminaliza a los migrantes que trabajan sin “autorización para el trabajo.” Como gobernadora de Arizona y como Secretaria del DHS, Janet Napolitano apoyó esta medida, firmando la draconiana ley estatal de sansiones a los empleadores, al mismo tiempo que apoyaba los programas de trabajadores temporales.

En su propuesta final de “cerrar la puerta trasera,” el gobierno de Bush anunció una regulación exigiendo a los empleadores que despidieran a cualquier trabajador cuyo número de seguridad social no concordara con la base de datos de la SSA. Las cartas que informan acerca de las discordancias en los números de seguridad social con la base de datos no obligan a los empleadores a despedir a los trabajadores. Sin embargo, los empleadores las han utilizado para despedir a miles de personas. Bush pudo haber hecho que esos despidos fueran obligatorios.

Los sindicatos, la ACLU y el National Immigration Law Center obtuvieron un amparo para detener la implementación de la ley en el verano del 2008, argumentando que perjudicaría a ciudadanos y residentes legales quienes podrían ser víctimas de errores administrativos. En octubre de 2009, el gobierno de Obama decidió no impugnar el amparo. Pero al mismo tiempo que desechaba las regulaciones del gobierno de Bush, el DHS anunciaba que podría reforzar el uso del la base de datos electrónica E-Verify, argumentando que es más eficiente para identificar a los indocumentados.

 Sin embargo, Seguridad Social, continúa enviando a los empleadores cartas de notificación de números que no concuerdan con la base de datos, y la base de datos de E-Verify es compilada, en parte, buscando los desajustes con los números de Seguridad Social. La Secretaria del DHS, Janet Napolitano, llamó a los empleadores para que verifiquen las nuevas contrataciones utilizando el E-Verify, y señaló que aquellos que lo hagan tendrán derecho a colocar un logotipo especial en sus productos con la leyenda “Yo E-Verify.

John T. Morton, asistente de la Secretaria del DHS para el ICE, declaró en noviembre al New York Times que las 654 compañias auditadas en 2008 y principios de 2009 fueron solo el inicio, y que las auditorias se expandirian a unas 1000 compañias adicionales. “Todo tipo de compañias enfrentan la posibilidad de que el gobierno… vaya a tocar a su puerta,” advirtió. Las 654 auditorias originales, señaló Morton, han llevado a actuar a 328 empleadores, lo cual presumiblemente incluirá  una demanda para despedir a los trabajadores identificados como indocumentados.

 Esta creciente ola de despidos está provocando un rispido debate en los sindicatos, especialmente en aquellos con una membresía muy grande de inmigrantes. Muchos de los trabajadores en la planta procesadora de Overhill Farms y los trabajadores de limpieza de ABM han pagado sus cuotas sindicales por años. Ellos esperan que el sindicato los defienda cuando la compañía los despide por carecer de un estatus. “El sindicato debe impedir que la gente pierda sus empleos,” demandó Erlinda Silerio, trabajadora en Overhill Farms. “El sindicato debe intentar que la compañía nos recontrate y nos pague una compensación por el tiempo que hemos estado desempleados.”

 En American Apparel, aun cuando no había sindicato, algunos trabajadores intentaron activamente crear uno en los años anteriores. José Covarrubias obtuvo un empleo como trabajador de limpieza cuando el sindicato de la industria del vestido les ayudaba a organizarse. “He trabajado con el International Ladies' Garment Workers and the Garment Workers Center anteriormente,” recuerda, “en las maquiladoras en donde demandamos a los dueños, estos desaparecieron sin pagar nuestros salarios. Cuando entré a American Apparel, me integré inmediatamente. Debatí con los trbajadores no sindicalizados, tratando de convencerlos de que el sindicato nos defendería.”

Los 12 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos, distribuidas en fábricas, campos de cultivo y en la construcción en todo el país, abarcan muchisimos trabajadores como Covarrubias. Muchos están concientes de sus derechos y están ansiosos de mejorar sus vidas. Las campañas nacionales de organización sindical, como Justice for Janitors and Hotel Workers Rising, dependen de la determinación y el activismo de estos inmigrantes, con documentos o sin documentos por igual.

Esa realidad, finalmente convenció a la AFL-CIO en 1999 a rechazar el apoyo inicial de la federación a las sanciones en contra de los empleadores, y a demandar una derogación. Los sindicatos reconocieron que el reforzamiento de las sanciones dificulta a los trabajadores la defensa de sus derechos, organizarse sindicalmente y luchar por aumento salarial.

Sin embargo, oponerse a las sanciones, coloca al movimiento trabajador en oposición con el actual gobierno al cual ayudó a elegir. En cambio, algunos grupos de presión en Washington DC han decidido apoyar la política de reforzamiento de sanciones del gobierno. Uno de ellos, Reform Immigration for America, asegura que “cualquier sistema de verificación del empleo debe determinar la autorización para el empleo de forma precisa y eficiente.” La verificación para la autorización fue precisamente lo que pasó en American Apparel y ABM, e inevitablemente llevó a los despidos.  Esta primavera, la AFL-CIO y la Change to Win Labor Federation acordaron una nueva postura respecto a la inmigración, la cual apoya “un seguro y efectivo mecanismo de autorización de los trabajadores… uno que determine de forma precisa la autorización al empleo mientras que al mismo tiempo provea de un máximo de protección para los trabajadores.”

Covarrubias ha quedado indefenso. Pero en cambio, plantea, “necesitamos de la unidad de los trabajadores. Hay 15 millones de personas afiliadas a la AFL-CIO. Ellos tienen mucho poder económico y político. ¿Por qué no nos oponemos a esos despidos y nos defendemos?” se pregunta. “Hemos contribuido a este movimiento por 20 años, y no lo vamos a dejar. Vamos a quedarnos y pelear por una reforma migratoria más justa.”

Nativo López señala que el organizará a los trabajadores que han sido despedidos si los sindicatos no lo hace, aun cuando recientemente expresó su deseo por una mayor cooperación con la UFCW en la defensa de los trabajadores despedidos. El año pasado, la Hermandad comenzó a crear consejos de trabajadores en los barrios del Sureste de California para oponerse a las sanciones a los empleadores y ayudar a los trabajadores a resistir. “Si las compañias comienzan a despedir gente como lo han hecho aquí, este lugar será como una zona de guerra,” advierte, “pero si peleamos por defender a la gente, podemos organizarlos.”

Traducción para Huellas Mexicanas: Rodolfo A. Hernández Corchado

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