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¿Trabajo administrado o derechos humanos?

por Rodolfo Hernández Corchado Última modificación 07/06/2011 09:02

Actualmente, los trabajadores de todos los países han tenido que aceptar la continua globalización en la cual el capital es libre de ir a donde desee. Pero al mismo tiempo, los migrantes deben tener los mismos derechos y el mismo estatus que cualquier otra persona.

¿Trabajo administrado o derechos humanos?

David Bacon

¿Trabajo administrado o derechos humanos?

Por David Bacon


 

Desplazamiento forzado y migración laboral

 

Una alianza entre países con política de exportación de mano de obra y las corporaciones que la emplean en el norte global se está desarrollando. Muchos de los países que envían migrantes al mundo desarrollado dependen de las remesas para financiar servicios sociales y controlar el descontento social ocasionado por la pobreza y el desempleo, mientras que continúan realizando enormes pagos de la deuda externa. Las corporaciones que utilizan esa fuerza de trabajo desplazada, comparten un creciente interés con los gobiernos de esos países en regular el sistema que les suple de trabajo.

De forma creciente, los mecanismos para regular ese flujo de personas son los programas de contrato de “trabajadores invitados” o “trabajadores temporales” en Estados Unidos, o “migración administrada” en Gran Bretaña y en muchas partes de la Unión Europea. Con o sin estos programas, la migración a Estados Unidos y otros países industrializados es inevitable. Pero, ¿significa esto que la política migratoria de Estados Unidos debe ser utilizada para incrementar las ganancias de las corporaciones abasteciendo de trabajo al precio que éstas quieran?

 A pesar de utilizar regularmente una retórica que demoniza a los inmigrantes, el Congreso de Estados Unidos no debate cuales son los medios para terminar con la migración. Nada puede detenerla, ni siquiera un reordenamiento radical de la economía mundial. Tampoco podrían las redadas y las deportaciones. En una economía en donde el trabajo juega una parte importante, el precio de detener la migración sería la crisis económica. La política migratoria intenta administrar el flujo de personas y determinar sus estatus en Estados Unidos en beneficio de quienes utilizan ese trabajo.

En primer lugar, los migrantes son seres humanos, y su deseo por crear comunidad es tan fuerte como su necesidad de trabajar. O como dice el viejo refrán en los lugares de trabajo: “Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar.” Las reformas neoliberales y los tratados económicos para desplazar comunidades y producir un ejército global de trabajadores de reserva disponible y vulnerable tienen un impacto devastador en la gente. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y los acuerdos comerciales existentes y propuestos entre Estados Unidos y Centroamérica, Perú, Colombia, Panamá, Corea del Sur y Jordania, no sólo no detienen las transformaciones económicas que separan a las familias de sus comunidades y las expulsan dentro de la corriente migratoria, sino que fortalecen todo el proceso.

En la escala mundial, el flujo migratorio causado por el desplazamiento es aún auto producido. En otras palabras, aún cuando muchas personas pueden ser desplazadas por fuerzas más allá de su control, ellas se desplazan de acuerdo con su voluntad, tratando de sobrevivir y encontrar oportunidades económicas para reunir a su familia y crear nuevas comunidades en los países que ahora reconocen como su hogar.

La idea de administrar el flujo migratorio está creciendo. Durante las negociaciones de la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Hong Kong en 2005, se introdujo por primera vez una propuesta para comenzar a regular el movimiento de personas junto con el movimiento de capital y mercancías. Mientras que la OMC promovió regular la forma en que los servicios son provistos en la economía mundial, comenzó a proponer regular el movimiento de personas como “proveedores de servicios”, lo cual fue denominado como el Modo 4. El programa Modo 4 fue propuesto originalmente para trabajadores especializados y ejecutivos, incluyendo agentes de ventas, administradores de corporaciones, empleados extranjeros de corporaciones subsidiarias y contratistas independientes como doctores y arquitectos. Sin embargo, los países exportadores de trabajo, han propuesto expandir el rango de estos empleos para incluir a los trabajadores de la construcción, las trabajadoras domésticas, así como otros empleos menos especializados.

Como en todos los programas de trabajadores huéspedes, las visas para estos trabajadores requerirían que se mantuvieran empleados, y serían deportados si perdieran su trabajo. A los contratistas se les permitiría reclutar trabajadores en un país y vender su trabajo en otro. Todas las visas de estos trabajadores serían temporales, y no podrían convertirse en residentes permanentes. Los países que contrataran estos trabajadores huéspedes podrían regular la cantidad de trabajadores admitidos y establecer las condiciones bajo las cuales podrían ser empleados. La OMC se opone a la regulación de cualquier estándar de empleo, y plantea que en cambio, debe ser regulado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, durante varias décadas, la OIT ha sido incapaz de establecer cualquier tipo de regulación salarial o de trabajo obligatoria, o de crear algún mecanismo para castigar a los países o corporaciones que violen sus propios estándares.

Las reformas económicas, como las privatizaciones y la desaparición de subsidios, que desplazan a las comunidades son ordenadas por la Organización Mundial de Comercio y son parte de los acuerdos comerciales. Por lo tanto, el desplazamiento continuará bajo este esquema, mientras que la protección para los trabajadores y los migrantes será voluntaria e inefectiva. En esencia, esto producirá una migración laboral en gran escala y le dará a las corporaciones y los gobiernos involucrados la libertad de explotarla sin ninguna regulación o límite.

Un gran numero de organizaciones estadunidenses de derechos humanos y de los inmigrantes emitió una declaración durante las negociaciones de la OMC, oponiendose al Modo 4. Entre estas organizaciones estuvieron  la American Friends Service Comittee, la National Network for Immigrant and Refugee Rights, the Committee in Solidarity with the People of El Salvador, Filipino Civil Rights Advocates, the Teamsters Union, United Food and Commercial Workers, Public Services International y otras 55 organizaciones. Estas organizaciones criticaron el impacto de la exportación de trabajadores calificados a los países desarrollados, y predijeron que ese esquema violaría los derechos de los migrantes mismos.

Migrants Rights International, también criticó la propuesta de Modo 4. Genevieve Gencianos del MRI dijo que la política de inmigración global debe estar basada en la protección de los derechos de los inmigrantes más que en la regulación de su movimiento en función de los intereses de los empleadores. “La liberalización del comercio y las inversiones”, planteó, “han erosionado los derechos humanos básicos. Estos incluyen el derecho a servicios públicos de calidad (como la salud y la educación), empleos en los lugares de origen, y la seguridad para todos. Estas violaciones, directa e indirectamente, han expulsado a la gente de sus países de origen y los han convertido en migrantes.”

El principal flujo de la migración laboral no se caracteriza del todo por ser de trabajadores no calificados. Rajiv Dabhadkar, quien fue trabajador temporal, ingeniero, y fundador de National Organization for Software and Technology Professionals (NOSTOP) describe que “existe un nuevo grupo de naciones en donde el ciudadano promedio es pobre, pero la nación es tecnológicamente avanzada y económicamente poderosa, como China, India, Brasil, Rusia y Tailandia. La educación tecnológica en esos países es barata y avanzada, gracias al Internet y al fácil desplazamiento de tecnócratas étnicos entre el mundo desarrollado y sus países de origen.”

Mientras que el Africa sub-Sahariana necesita 620,000 enfermeras para enfrentar la epidemia del VIH/SIDA, Genevieve Gencianos sostiene que 23,000 profesionales de la salud abandonan la región cada año para encontrar empleos en los países desarrollados. Los programas de contratación de trabajos, especialmente aquellos que emplean mujeres, han crecido en el Este de Asia y ahora incluyen 242,000 trabajadoras domésticas en Honk Kong; 674, 000 en fábricas, la construcción y el trabajo doméstico en Corea del Sur y 120, 000 como empleados de la salud en Taiwán. “El trabajador migrante ha sido deshumanizado y mercantilizado.” Gencianos sostiene que la OMC está despojando al trabajador y a la trabajadora de sus derechos humanos básicos.” Puesto que el mayor impacto es en la mujeres, ella predice que habrá “negativos e irreversible impactos sociales en las familias que se quedan en casa.”

 

Protegiendo los derechos de los migrantes

Mientras que el actual régimen de migración laboral es un arreglo conveniente para las naciones ricas, tiene severas desventajas para los países pobres. El costo para mantener y reproducir la fuerza de trabajo migrante internacional recae en los países que menos pueden costearla. Las remesas de los trabajadores migrantes se han convertido en la principal fuente de ingresos de las comunidades de donde provienen. Las grandes corporaciones e industrias de los países ricos obtienen el beneficio de esta fuerza de trabajo y son los mismos trabajadores quienes pagan el costo de mantenerla.

Sin embargo, los países en desarrollo, tienen un marco alternativo para proteger los derechos y el estatus de su población migrante. Tanto Gencianos como los defensores de los derechos humanos de los migrantes, instan a que en vez de regular la migración a través de la OMC, los países ratifiquen e implementen la Convención Internancional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y los Miembros de sus Familias de la Organización de las Naciones Unidas. “Más que reducir a los migrantes a ser un simple factor de la producción o una mercancía para ser exportada e importada, las políticas migratorias deben reconocer a los migrantes como seres humanos y reconocer su dignidad y sus derechos humanos,” concluyen.

La convención de las Naciones Unidas fue adoptada en 1990 y garantiza derechos humanos básicos a todos los trabajadores migrantes y sus familias, documentados o indocumentados. Apoya la reunificación familiar, establece el principio de trato igualitario en el acceso al empleo y la educación con relación a los ciudadanos del país de llegada, protege a los migrantes en contra de la deportación colectiva y responsabiliza a los países expulsores y receptores de proteger esos derechos.  Todos los países tienen el derecho de determinar quien es admitido en sus territorios y bajo que condiciones se tiene el derecho de trabajar. La convención no responde a todas las preguntas planteadas por la migración en un sistema económico mundial. Sin embargo da dos pasos básicos que aún paralizan el debate en Estados Unidos: reconoce la nueva escala global de la migración y su permanencia, y lo hace protegiendo el derecho de las personas, especialmente aquellas con menos poder –los migrantes.

En el debate sobre la migración en Estados Unidos, quienes proponen restricciones generalmente argumentan que estas restricciones están dirigidas en contra de los migrantes indocumentados. Sin embargo, mantener la distinción entre el estatus legal e ilegal ha sido un código para preservar la desigualdad, un sistema de gradación que divide a la gente entre aquellos que cuentan con derechos y aquellos que no. Los programas de trabajadores temporales establecen un sistema de gradación similar –de hecho es otra forma de ilegalidad o falta de derechos. Una vez establecida, la creciente desigualdad afecta a todos los inmigrantes, incluyendo a los residentes legales o permanentes.  El debate de 1996 acerca de la reforma migratoria de Clinton inició proponiendo un mayor control en contra de los indocumentados, pero terminó negando, incluso a los inmigrantes legales, el acceso al sistema de seguridad social y otros beneficios que previamente disfrutaban. La desigualdad se ha expandido tanto entre los inmigrantes como entre los ciudadanos, especialmente en una sociedad en donde históricamente el color de la piel y el género han definido estatus desiguales.

Con 12 millones de personas indocumentadas viviendo en Estados Unidos, obviamente, obtener un estatus legal es un problema central para los comunidades inmigrantes. En el corazón de muchas propuestas hechas por grupos de inmigrantes en E.U., está el flexibilizar las restricciones para otorgar las visas de residencia permanente. Estas permitirían a los migrantes vivir y participar en la vida comunitaria de E.U., e ir y venir a sus países de origen. Por ejemplo, la Coalición de inmigrantes de Guatemala en Estados Unidos criticó la propuesta de reforma migratoria de Bush, porque falló al no incluir “un proceso a través del cual los inmigrantes pueden obtener la residencia permanente y posteriormente la ciudadanía.

 

Derechos Políticos

La ciudadanía es un tema complejo en un mundo en donde las comunidades migrantes trasnacionales se extiendes más allá de las fronteras y existen en más de un lugar simultáneamente. Los residentes de las comunidades transnacionales no se ven animismos como simple víctimas de un sistema injusto, sino como actores capaces de reproducir su cultura, de proveer apoyo económico a sus familias en sus pueblos de origen, y de buscar justicia social en el país al que han migrado. Una política migratoria sensible debe reconocer y valorar las comunidades de migrantes, y apoyarlas como algo deseable. Debería reforzar la cultura y la lengua indígena en vez de tratarla como una amenaza. Al mismo tiempo, debería buscar la integración de los inmigrantes en una comunidad más amplia alrededor de ellos y darles voz dentro de ella en vez de promover la exclusión social, el aislamiento y la segregación. Debería proteger los derechos de los inmigrantes como parte de los derechos de todos los trabajadores.

Las comunidades transnacionales en México están creando nuevas formas de ver la ciudadanía y la residencia que correspondan de forma más cercana con la realidad de la migración. En el 2005, Jesús Martínez, profesor de la Universidad de California en Fresno, fue elegido como diputado para la legislatura estatal por los habitantes del estado de Michoacán en México. Su mandato fue representar los intereses de los ciudadanos del estado viviendo en Estados Unidos. “En Michoacán estamos intentando llevar a cabo las reformas que hagan justicia al papel que los migrantes juegan en nuestras vidas,” indicó Martínez. En 2006, Pepe Jaques Medina, director del Comité Pro Uno en el Valle de San Fernando en Los Ángeles, fue elegido como legislador por el Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados. Los migrantes transnacionales insisten en que cuentan con derechos políticos y sociales, tanto en sus comunidades de origen como en las comunidades a las que migran.

El Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional controlan el Congreso en México, y aún cuando votaron hace una década para otorgar derechos a los mexicanos en Estados Unidos, sólo llevaron a cabo las medidas para implementar esa decisión hasta abril de 2005. Fueron tantos los obstáculos impuestos que tan sólo 40, 000 mexicanos, de un electorado potencial de millones, pudieron votar. “Fue limitado,” reconoce Domínguez, “pero fue el fruto de muchos años de lucha por organizaciones aquí en E.U. No es lo que queríamos, pero es el inicio. Y lo más importante, ahora que han aprobado la ley e iniciado el proceso, no hay vuelta atrás.”

La política electoral estadunidense no puede ni debe mantenerse inmune a éstas expectativas de representación política. Después de todo, el eslogan del Boston Tea Party fue “No más impuestos sin representación política;” ("No taxation without representation") aquellos que contribuían económicamente tenían derechos políticos. Ese principio exige el reconocimiento del estatus social legítimo de todo aquel que vive en Estados Unidos. La legalización no es sólo importante para los migrantes –es un paso básico para la preservación y la extensión de los derechos democráticos para todas las personas. Con o sin visas, 34 millones de migrantes viviendo en Estados Unidos no pueden votar para elegir a sus representantes que deciden cuestiones básicas como los salarios, las condiciones de trabajo, la educación de sus hijos, su seguro para la salud o la falta de él, e incluso si pueden caminar por las calles sin temor a ser arrestados y deportados. 

La inexistencia de sus derechos políticos afecta a los ciudadanos estadunidenses, especialmente a la gente trabajadora. Si todos los trabajadores agrícolas y sus familias en el Valle de San Joaquín en California pudieran votar, una ola de decretos relacionados con el monto de los salarios mínimos indudablemente barrería el estado. La legislatura de California tendría que aprobar un sistema de seguro médico que permitiera que cada residente reciba atención médica gratuita y de forma adecuada. Si no fuera aprobada, los legisladores del valle de San Joaquín, actualmente los más conservadores, serían expulsados de su puesto.

Al excluir del electorado a aquellos que más necesitan de un cambio social con justicia económica; el rango de una posible reforma es restringido, no sólo en temas de inmigración, sino en la mayor parte de los temas que afectan a los trabajadores. La política migratoria y los derechos políticos y sociales para los inmigrantes, son parte integral de una amplia agenda por el cambio que incluye mejores salarios y vivienda, un sistema nacional de salud, un programa nacional de empleo, y el derecho a organizarse sin miedo a ser despedido. Si no se amplia el electorado, políticamente será muy difícil obtener cualquiera de estos derechos. Al mismo tiempo, no es posible lograr grandes cambios en la política migratoria sin la lucha por lograr estos objetivos. Para acabar con la competencia por el empleo, los trabajadores necesitan de los cuatro millones de empleos prometidos por el gobierno de Obama. Para que los inmigrantes obtengan derechos para organizarse, todos los trabajadores requieren que el Congreso apruebe la Employee Free Choice Act. Sin embargo los programas de empleo que excluyen a los inmigrantes, especialmente los indocumentados, no sólo refuerzan la desigualdad, sino que socavan la capacidad de consumo de los trabajadores para revitalizar la economía. Y si las leyes que tipifican como ilegal el tener un empleo por ser inmigrante indocumentado así como a los empleadores que los contratan no son eliminadas, entonces las reformas de la Employee Free Choice Act no beneficiarán a los 12 millones  de trabajadores inmigrantes con un largo historial por intentar organizarse para mejorar su salario y sus condiciones de vida y de trabajo.

La histeria anti-inmigrante siempre ha predicado que los intereses de los inmigrantes y de los nacidos en Estados Unidos están en conflicto; que un grupo sólo puede ganar a expensas del otro. De hecho, lo contrario es verdad. Para que aumenten los salarios, generalmente los bajos salarios del trabajo migrante tienen que incrementarse, lo que significa que los trabajadores inmigrantes deben ser capaces de organizarse de forma efectiva. Con una oportunidad, lucharán por mejores empleos y salarios, escuelas y asistencia médica como cualquier otra persona. Cuando obtienen poder político, las comunidades de clase trabajadora alrededor de ellos también se benefician. Puesto que es más fácil para los inmigrantes organizarse si cuentan con un estatus de residentes permanentes legales, un programa de legalización beneficiaría a un amplio rango de gente trabajadora más allá de los propios inmigrantes. Por el otro lado, cuando el gobierno y los empleadores utilizan sanciones como el endurecimiento de la ley y las redadas para detener la presión por mejores condiciones de vida y de trabajo, traen como consecuencia que la organización política y sindical de los trabajadores sea más difícil.

Esa vulnerabilidad sólo se incrementa por la exclusión social y por el estatus de segunda clase impuesto por los programas de trabajadores temporales. Deshacer la relación que existe entre el estatus migratorio y el empleo es necesario para obtener derechos para los trabajadores migrantes quienes nunca obtendrán poder si tienen que abandonar el país cuando pierden su empleo. Las comunidades migrantes saludables necesitan de trabajadores empleados, pero también necesitan estudiantes, jóvenes y ancianos, artistas, personas deshabilitadas y todos aquellos que no cuentan con empleos tradicionales.

 

Seguridad y Solidaridad

La economía global ha transformado la inseguridad en una virtud, elogiándola como algo necesario para incrementar la flexibilidad y la competitividad. Sin embargo, las comunidades de clase trabajadora necesitan de un programa que produzca seguridad no inseguridad. Al evaluar las propuestas para una reforma migratoria, la seguridad, la igualdad, la organización y la comunidad deben ser las palabras utilizadas por los activistas por los derechos humanos. Las propuestas que niegan derechos o beneficios a las personas por su estatus migratorio se alejan de los preceptos de igualdad. Sin embargo, la mayoría de las personas que viven en Estados Unidos creen en la igualdad de derechos, incluso si existe una brecha entre la retórica y las leyes y medidas concretas para lograrla.

Finalmente, la mayor parte de la migración en la economía global contemporánea es una migración forzada resultado de la dislocación. Sin embargo, incluso en un mundo más justo, la migración continuará. Actualmente, el amplio movimiento global de personas ha conectado familias y comunidades a miles de millas de distancia y más allá de las fronteras, creando conexiones entre las personas y que inevitablemente crecerán.  La política migratoria debe lograr que este movimiento sea posible, en lugar de verlo como una amenaza terrorista. La libertad de desplazarse de un lugar a otro es un derecho humano. Sin embargo, vender trabajadores a los empleadores no debe ser el precio que se tiene que pagar por ganar este derecho.

La Red Salvadoreña Americana señala que cualquier solución a largo plazo debe incluir “el desarrollo e implementación de nuevas políticas económicas y sociales en nuestros países de origen… que por lo tanto reducirán la migración a Estados Unidos.” Transformas las políticas comerciales corporativas y detener las reformas neoliberales es central para una reforma migratoria, así como lo es el obtener el estatuto legal para los migrantes indocumentados. Modificaciones menores a los acuerdos comerciales como el TLCAN o el CAFTA no alterarán sus efectos básicos. En cambio, los trabajadores necesitan un frente común para deshacerse de esos acuerdos y transformar las prioridades económicas y políticas que dichos acuerdos protegen.

No es suficiente con no provocar daño. Estados Unidos, Europa y Japón son sociedades ricas, con la capacidad y la responsabilidad para reparar el daño social provocado por la globalización. Un fondo para proveer de crédito (sin ninguna relación con las grandes corporaciones) podría permitir a los campesinos mixtecos, incrementar su productividad y mantenerse en su tierra. Sin tener que ir muy lejos, el movimiento por un comercio justo en los países ricos ya ha ayudado a muchos productores rurales a formar cooperativas para obtener acceso a los mercados de los países desarrollados a un precio justo.

Más allá de la igualdad, está la solidaridad. Los trabajadores estadunidenses han sido forzados a incorporarse al mercado global de trabajo. Tienen un interés directo en ayudar a otros trabajadores en otros países a organizarse y elevar sus niveles de vida, en detener la intervención militar de Estados Unidos en apoyo al sistema de libre comercio. Actualmente, los trabajadores de todos los países han tenido que aceptar la continua globalización en la cual el capital es libre de ir a donde desee. Pero al mismo tiempo, los migrantes deben tener los mismos derechos y el mismo estatus que cualquier otra persona. La gente en México, Guatemala, China, Estados Unidos y cualquier otro país necesita las mismas cosas: un empleo seguro con un salario digno; derechos en su lugares de trabajo y en sus comunidades; la libertad de viajar y buscar el futuro para sus familias. Las fronteras entre los países deben ser un campo común en el que puedan reunirse, no líneas que los separen.

 

Traducción: Rodolfo Hernández Corchado.        

Nueva York, NY.

Publicado originalmente en Working USA. Otoño 2010.

                                                            

 


 

 

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