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¿Por qué los trabajadores inmigrantes ocuparán las calles este Primero de Mayo?

por David Bacon Última modificación 19/04/2009 23:27

Este Primero de Mayo los trabajadores inmigrantes demandarán al gobierno de Obama: dar fin a las políticas draconianas del gobierno de Bush y establecer una política migratoria basada en el reconocimiento de las contribuciones económicas y sociales de los inmigrantes.

¿Por qué los trabajadores inmigrantes ocuparán las calles este Primero de Mayo?

David Bacon

OAKLAND, CA (4/4/09) –En poco menos de un mes, cientos de miles de personas, tal vez millones, ocuparán las calles de una ciudad tras otra, de un pueblo tras  otro en todo Estados Unidos. Este Primero de Mayo las marchas de los trabajadores inmigrantes harán una importante demanda al gobierno de Obama: dar fin a las políticas draconianas del gobierno de Bush y establecer una nueva política migratoria basada en los derechos humanos y en el reconocimiento de las cruciales contribuciones económicas y sociales de los inmigrantes a la sociedad estadounidense.

Las marchas de este año, continuarán recuperando en Estados Unidos la celebración del Primero de Mayo, día en que se celebra mundialmente las contribuciones del pueblo trabajador. Esa recuperación inició el 1 de Mayo de 2006 cuando más de un millón de personas ocuparon las calles de Los Angeles, con cientos de miles en Chicago, Nueva York, así como en muchas ciudades y pueblos a todo lo largo de Estados Unidos. Una vez más, el Primero de Mayo de 2007 y 2008, los inmigrantes y quienes los apoyan se movilizaron y marcharon de costa a costa.

Un cartel que apareció en casi todas las marchas lo decía todo: “¡Somos trabajadores, no criminales! El cartel afirmaba una verdad obvia. Millones de personas han migrado a Estados Unidos para trabajar, no para violar las leyes. Muchos de ellos han migrado con visas, y otros sin ellas. Sin embargo, todos ellos contribuyen a esta sociedad a la que han llegado.

Las protestas son el resultado de años de organización, son el legado de Bert Corona, pionero de los derechos de los inmigrantes y fundador de muchas organizaciones nacionales de Latinos en Estados Unidos. Bert Corona educó a miles de activistas migrantes, les enseño el valor de la independencia política, y estuvo convencido que los propios inmigrantes deberían conducir por sí mismos la lucha por sus derechos. Muchos de los líderes del ala radical del actual movimiento por los derechos humanos de los inmigrantes fueron discípulos de Corona.

En parte, las protestas del Primero de Mayo responden a la ola de propuestas draconianas que han criminalizado el estatus migratorio y el trabajo de las personas indocumentadas. Pero las protestas hacen más que reaccionar a una agenda legislativa o en el Congreso. En 1986, el Acta de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA por sus siglas en inglés) calificó como un crimen, por primera vez en la historia de Estados Unidos, contratar personas sin documentos migratorios. Sus defensores argumentaron que si las personas no podían trabajar legalmente, entonces debían abandonar el país. Sin embargo, la vida no era tan sencilla.

Las personas indocumentadas son parte de las comunidades en las que viven. Simplemente no pueden, ni deben irse de este país. Ellos buscan la misma igualdad y oportunidad por la que el pueblo trabajador en Estados Unidos ha luchado. Además, para muchos migrantes no hay trabajos a los cuales regresar en sus países de origen. Después de que el Congreso aprobó el Acuerdo de Libre Comercio para América del Norte, seis millones de Mexicanos fueron desplazados masivamente a Estado Unidos como resultado del tratado. El libre comercio y las políticas de mercado han desplazado de forma similar a millones de personas más en los países pobres en todo el mundo.

En lugar de reconocer esta realidad, el gobierno de Estados Unidos ha intentado considerar como un acto criminal el tener un empleo. Algunos estados y comunidades han visto esto como una luz verde del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), aprobando medidas más drásticas. Por ejemplo, el estado de Mississippi aprobó una ley que convierte en delito el estar empleado siendo trabajador indocumentado, con penas de 1 a 10 años de cárcel y multas de más de $10, 000, sin fianza para aquel que sea arrestado. Sin embargo, los empleadores tienen inmunidad.

El verano pasado, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, propuso una ley que obligaría a los empleadores a despedir a cualquier trabajador cuyo número de Seguridad Social provisto a su empleador, no concordara con la base de datos de la Administración de Seguridad Social (SSA por sus siglas en inglés). La regulación asume que esos trabajadores no cuentan con una visa validad de inmigración y que por lo tanto no cuentan con un número valido de Seguridad Social.

Con 12 millones de personas viviendo en Estados Unidos sin un estatus migratorio legal, la regulación podría llevar a despidos masivos, provocando paros en las industrias y negocios. Los ciudadanos y quienes cuenten legalmente con una visa serán también afectados, ya que la base de datos de Seguridad Social es inadecuada. Mientras que las cortes prohíben esta forma particular de regulación, la idea de utilizar el número de Seguridad Social para identificar y despedir a millones de trabajadores está todavía viva en Washington, DC.

Bajo la dirección de Chertoff, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) ha realizado redadas sorpresa en los lugares de trabajo, arrestando y deportando a miles de trabajadores. Muchos de ellos han sido acusados con un crimen adicional –robo de identidad- pues utilizaron un número de Seguridad Social perteneciente a otra persona para obtener un empleo. Sin embargo, los trabajadores que utilizan esos números,  depositan dinero en los fondos del sistema de Seguridad Social y nunca recibirán los beneficios pagados con sus impuestos. Mientras tanto, el nuevo Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, asegura que las redadas necesitan ser reexaminadas. Sin embargo continúa apoyando medidas expulsan a los trabajadores indocumentados de sus empleos e impiden a sus empleadores contratarlos.

Durante su periodo como gobernadora, la legislatura de Arizona aprobó una ley que obligaba a los empleadores a verificar el estatus migratorio de cada trabajador a través de una base de datos federal llamada E-Verify, la cual es aún más incompleta y llena de errores que la de Seguridad Social. Los empleadores deben despedir a aquellos trabajadores cuyos nombres no coincidan con la base de datos. Esta medida se está transformando en un modelo para la aplicación de la ley a nivel Federal.

Muchas de estas medidas punitivas fueron incorporadas como propuestas para una “reforma migratoria comprensiva”, y discutidas en el Congreso durante el 2006 y el 2007. Las leyes comprensivas combinan la criminalización del trabajo de los migrantes indocumentados con amplios programas de trabajadores huéspedes. Mientras que éstas propuestas fallaron en el Congreso, la administración Bush implementó algunas de las propuestas más draconianas mediante una acción administrativa. Muchos temen que las nuevas propuestas de reforma migratoria formuladas por el Congreso y la actual administración continúen con  estos esfuerzos de criminalizar el trabajo.

En realidad, el trabajo de 12 millones de trabajadores indocumentados es indispensable para la economía, así como el trabajo de 26 millones de personas con visas y el de muchos millones de trabajadores nacidos en Estados Unidos. La riqueza creada por los trabajadores indocumentados nunca es llamada ilegal. Nadie sueña con arrebatar esa riqueza a los empleadores que obtienen una ganancia de ella. Sin embargo, la gente que produce esta riqueza es llamada exactamente de esa forma: ilegal.

Todos los trabajadores, no sólo algunos, necesitan de trabajos y formas para apoyar a sus familias. Y en un país con escuelas por debajo de las del resto del mundo industrializado, con puentes que se caen en los ríos y gente viviendo en campamentos por carecer de vivienda, claramente no es poco el trabajo por hacer. Si los trillones de dólares derramados en los bancos hubieran sido utilizados, en cambio, para poner a la gente a trabajar, habría suficientes empleos y una mejor calidad de vida para todos.

 Nativo López presidente de la Mexican American Political Asociation (Asociación Política Mexicano Americana)  y de la Hermandad Mexicana Latinoamericana, asegura que “los legisladores y cabilderos en Washington, le temen a un nuevo movimiento por los derechos civiles en las calles, porque este rechaza sus compromisos y plantea demandas que van más allá de lo que ellos han definido como “políticamente posible.”

El precio por tratar de expulsar de Estados Unidos a la gente que ha venido para sobrevivir, es el incremento de la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados, lo que finalmente resulta en trabajo más barato y menos derechos para todos. Ese fue el objetivo del gobierno de Bush: fuerza de trabajo barata para los grandes empleadores, deportaciones, despidos y programas de trabajadores huéspedes. Esto es lo que millones de personas desean cambiar. Y el gobierno de Obama fue electo precisamente porque prometió el “cambio en el que podemos creer.”

En las anteriores marchas del Primero de Mayo, muchos de sus participantes han planteado una serie de demandas alternativas que incluyen la legalización para los 12 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos con programas de empleo para comunidades con altas tasas de desempleo. Todos lo trabajadores necesitan  del derecho a organizarse para obtener incrementos salariales y ampliar sus derechos laborales, incluyendo las 12 millones de personas para quienes el trabajo es considerado un crimen. Más visas de trabajo, especialmente las visas basadas en la reunificación familiar, lo cual permitirá a la gente cruzar la frontera legalmente en vez de morir en el desierto. Poner fin a los programas de trabajadores huésped detendrá el uso de nuestro sistema de inmigración para abastecer de fuerza de trabajo barata a los empleadores. Y en la frontera las comunidades exigen derechos humanos, no más armas, murallas, soldados y prisiones para los inmigrantes.

Este Primero de Mayo, los inmigrantes enviaran nuevamente un poderoso mensaje. Sus marchas ya han rescatado de la oscuridad nuestro propio día festivo que comenzó con la lucha por la jornada laboral de ocho horas en Chicago hace más de un siglo. Hoy, le están dando al Primero de Mayo un nuevo significado, planteando nuevas ideas que no sólo beneficiaran a las comunidades de inmigrantes, sino a todas las familias trabajadoras.

(Traducción Rodolfo A. Hernández Corchado)

 

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