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¿Debemos defender a los trabajadores indocumentados? (Tercera Parte)

por Rodolfo Hernández Corchado Última modificación 01/05/2010 15:24

La lucha no ha terminado. De hecho, tenemos que pelear más duró que nunca. Los trabajadores nacidos en E.U, y los inmigrantes asentados en comunidades ven como un peligro, el crecimiento de un sistema de contratación basado en bajos salarios e inseguridad laboral.

¿Debemos defender a los trabajadores indocumentados? (Tercera Parte)

David Bacon

 

Por David Bacon


Creando la ilegalidad

Esta es una vieja historia. El uso de la migración como instrumento de abastecimiento de trabajo mal pagado y criminalizado, o inclusive trabajo no pagado en los comienzos de este país. ¿Quiénes fueron los primeros “ilegales”? Fueron africanos desplazados con los medios más brutales, raptados, encadenados y llevados a las costas para ser puestos en barcos y llevados del otro lado a las Américas. ¿Y con qué propósito? Proporcionar de trabajadores a las plantaciones, pero no como iguales, incluso ni siquiera como personas. Cuando la Constitución de Estados Unidos fue adoptada, un esclavo contaba como tres quintos de un ser humano, no porque los dueños de las plantaciones pretendieran darles tres quintos de los derechos de una persona blanca, sino porque de esa forma los esclavistas podrían tener más representantes en el Congreso.

 Algunas de las primeras leyes de la nación definieron quien podía ser esclavo y quien no. La "gota de sangre africana" definió quién era legal y quién no. Cuando Illinois e Indiana se integraron a la Unión como estados libres, sus primeras leyes planteaban que una persona de descendencia africana no podía residir en esos estados ¿No habían personas negras viviendo en esos territorios? ¿No se convirtieron por lo tanto en “ilegales”?

Ese concepto de ilegalidad fue entonces aplicado a otras personas para el mismo propósito. Los inmigrantes chinos fueron traídos de Toishan bajo contratos para trabajar en el ferrocarril y desecar el delta del río Sacramento/San Joaquín. Entonces, en 1882 la ley de exclusión de chinos prohibió su migración porque bajo la ley de nacionalidad de E.U, nunca podían volverse ciudadanos. En aquella época en que la ley planteaba que los chinos no tenían ningún derecho a estar ahí, ya había miles de migrantes chinos en California e incluso en Idaho.

A principios de 1900, los productores agrícolas que dominaban la legislatura, convirtieron en un crimen los matrimonios de filipinos con mujeres que no fueran filipinas. Al mismo tiempo, la migración femenina de Filipinas al continente era muy difícil. Para los trabajadores agrícolas filipinos de los 30s, los 40s y los 50s, tener familia fue virtualmente un crimen. Muchos hombres permanecieron solteros hasta la edad de 50 o 60 años, viviendo en campos de trabajo, desplazándose y trabajando en cualquier parte que los productores agrícolas necesitaran su trabajo.

Durante el programa bracero de 1942 a 1964, los productores reclutaron trabajadores de México, quienes sólo podían venir bajo contrato y tenían que abandonar el país al final de la cosecha. Llamaron legales a los braceros, pero ¿qué clase de legalidad tiene la gente que vive en campos detrás de alambrados, viajando y trabajando únicamente donde los productores los querían? Si los braceros se iban a huelga, eran deportados. Parte de su salario era retenido, supuestamente como garantía de su regreso a México. Medio siglo después aún están luchando por recuperar su dinero perdido.

 Pero todos pelearon por quedarse. Los chinos resistieron la quema de los Chinatowns en Salinas y San Francisco. Los filipinos tuvieron que pelear por el derecho a tener una familia. Muchos braceros simplemente abandonaron los campos de trabajo y se mantuvieron viviendo y trabajando de forma oculta por 30 años hasta que obtuvieron el estatus legal con la amnistía de 1986.

La política migratoria basada en abastecer de trabajo a los empleadores siempre ha tenido dos consecuencias. El desplazamiento de comunidades fuera de Estados Unidos se vuelve una política no reconocida porque produce trabajadores. Y la desigualdad se vuelve una política oficial.

Casi 200 años después de que la guerra civil eliminara mucha de la desigualdad “dejure” escrita en la ley; la desigualdad de facto está muy presente. Sin embargo, actualmente, la ley migratoria con su categoría de ilegalidad está reinstalando la desigualdad bajo la ley. Llamar a alguien “ilegal” no refiere a un acto ilegal. No es la frontera la que convierte a la gente en ilegal, mucho más que el paso por el Atlántico hacia esclava a la gente. El esclavismo fue creado en los campos de esclavos y en las plantaciones. La actual ilegalidad es creada dentro de las fronteras por un sistema legal que excluye a la gente de derechos y beneficios sociales.

El estatus ilegal es creado aquí. Todas las reformas de ley migratoria en el congreso comparten la postura de que los inmigrantes, incluso los que tienen visas, no deben ser considerados como iguales y con los mismos derechos en las comunidades en las que viven. Para aquellos sin visas, la exclusión y la desigualdad es más feroz. Y ésta no es una exclusión de facto, o una negación de derechos. Es una negación dejure, escrita en la ley y que justifica las redadas en Laurel, los despidos en Los Ángeles o los brazaletes de seguridad en Postville.

Actualmente, Estados Unidos enfrenta la necesidad de elegir la dirección de su política inmigratoria. Existe una agenda corporativa promovida por poderosas voces en Washington D.C, como el Consejo de Relaciones Exteriores y el lobby de empleadores y la Essential Worker Immigration Coalition (integrada por Wal-Mart, Marriot, o Tyson Foods).  Proponen regular el flujo de la migración con un nuevo programa de trabajadores temporales e incrementar las penas contra aquellos que intenten migrar fuera del sistema. Algunas de sus propuestas también contienen una legalización truncada para los indocumentados, pero que descalificaría a muchísimas personas para obtener una visa o los haría esperar por años para obtenerla, mientras que desecharía la responsabilidad del empleador por los trabajadores indocumentado que haya contratado.

Pero los lobbys preguntan ¿no sería preferible un programa de trabajadores temporales a lo que tenemos actualmente? El reporte del Southern Poverty Law Center, “Cerca del Esclavismo”, documenta que actualmente los braceros son rutinariamente estafados en sus salarios y pago de tiempo extra. Los trabajadores reclutados en la India para trabajar en el astillero del Mississippi tuvieron que pagar entre $15,000 y $20, 000 dólares por cada visa. La compañía incumplió sus promesas y despidió a su líder, Joseph Jacobs, cuando los trabajadores protestaron. Si los trabajadores protestan, son puestos en una lista negra. El Departamento del Trabajo, bajo Bush, nunca desertificó a algún contratista de trabajadores temporales por violaciones laborales, o declaró que las listas negras fueran ilegales. Cuando Rafael Santiago fue enviado por la Farm Labor Organizing Comitte a Monterrey para monitorear la contratación de trabajadores por la North Carolina Growers Association, eliminar las listas negras y acabar con la corrupción de los contratistas; su oficina fue violada, fue atado, torturado y asesinado.

Ningún empleador contrata trabajadores para pagarles más. Los contratan para mantener bajos sus salarios. Esa es un dirección posible – lejana de equidad y la expansión de los derechos.

 

Deshaciendo la desigualdad

Nuestra propia historia nos dice que una dirección diferente no es sólo posible, sino que fue parcialmente lograda por el movimiento por los derechos civiles. En 1964, héroes del movimiento chicano como Bert Corona, Ernesto Galarza, Cesar Chávez y Dolores Huerta forzaron al Congreso a acabar con el programa bracero. Al año siguiente, los mexicanos y filipinos se fueron a huelga en los campos de Coachella y Delano, y nació la United Farm Workers.

Al año siguiente, en 1965, esos líderes junto con muchos otros, regresaron al Congreso. Dénos una ley, plantearon, que no convierta a los trabajadores en braceros o criminales detrás de un alambrado, que no los convierta en esclavos para los productores. Dénos una ley que diga que nuestras familias y nuestras comunidades son lo más importante. Así fue como ganamos el sistema de preferencia familiar. Eso explica por qué una vez que obtienes una tarjeta verde, puedes solicitar la reunificación con tu padre, tu madre, tus hijos estando en E.U. No teníamos ese derecho anteriormente. El movimiento por los derechos civiles ganó esa ley.

La lucha no ha terminado. De hecho, tenemos que pelear más duró que nunca. Los trabajadores nacidos en E.U, y los inmigrantes asentados en comunidades ven como un peligro, el crecimiento de un sistema de contratación basado en bajos salarios e inseguridad laboral. Fomenta la competencia entre trabajadores para obtener empleos, y expande el segmento de la fuerza de trabajo con los salarios más bajos y los mínimos derechos. No es difícil para la gente ver el impacto en la desigualdad y la creciente pobreza, incluso si se confunden acerca de sus causas.

Pero no tenemos que asumir que el miedo está dentro de nosotros, o que no podemos sobreponernos a él. Los principales diarios dicen que la gente aplaudió cuando los inmigrantes en la planta en Laurel fueron arrestados y esposados. Sin embargo, después de los arrestos los trabajadores negros salieron a la entrada de la planta y abrazaron a las mujeres inmigrantes sentadas fuera de la planta con sus brazaletes de seguridad y demandando sus salarios no pagados. Las mujeres afro-americanas ofrecieron llevar comida a las madres mexicanas y apoyar su demanda por salarios caídos.

En Smithfield, en Carolina del Norte, dos redadas migratorias y 300 despidos asustaron tanto a los trabajadores que detuvieron la organización de su sindicato. Sin embargo, los mexicanos y los afro-americanos trajeron al sindicato de vuelta. Encontraron una causa común, planteándose el uno al otro que todos necesitan de mejores salarios y condiciones laborales, que todos tienen el derecho a trabajar, y que el sindicato luchará por el empleo de cualquiera, inmigrantes o trabajadores nacidos en E.U.

Los sindicatos saben que los inmigrantes pueden ser luchadores como los otros trabajadores. En 1992, los yeseros detuvieron la construcción de casas por un año con una huelga que se extendió desde Santa Barbara hasta la frontera con México. Los inmigrantes, incluyendo los indocumentados, se han ido a huelga en fábricas, oficinas, lavanderías, hoteles y campos de cultivo. Algunos sindicatos están creciendo, y son aquellos que saben que los inmigrantes lucharán por mejores salarios y condiciones laborales. Las batallas peleadas por los inmigrantes en los últimos 20 años están ayudando a crear poder político en ciudades como Los Ángeles.

En reconocimiento de ese proceso, y en su propio interés, los sindicatos hicieron un compromiso en la convención de la AFL-CIO en Los Ángeles. Plantearon que pelearían por deshacerse de las leyes que criminalizan el trabajo y se comprometieron a proteger el derecho de todos los trabajadores a organizarse. El movimiento laboral debe cumplir esa promesa.
 
Entonces, ¿Qué queremos?

Primero, queremos la legalización, otorgando a 12 millones de personas el derecho de residencia y tarjetas verdes para que vivan como seres humanos normales. No queremos que la inmigración sea  utilizada como un sistema de abastecimiento de trabajo barato, con trabajadores que le pagan a los reclutadores y que una vez en E.U. son atemorizados de que serán deportados si pierden su trabajo.

Necesitamos deshacernos de las leyes que criminalizan a los inmigrantes y al trabajo. No más centros de detención, no más brazaletes de seguridad, no más despidos, no más letras de verificación del estatus migratorio, y no más redadas. Toda la gente en nuestras comunidades debe tener los mismos derechos y el mismo estatus.

Tenemos que asegurarnos que aquellos que dicen pelear por los derechos de los inmigrantes no están peleando por bajos salarios. De que los tomadores de decisiones en Washington DC, no hundirán en la pobreza a las familias en México, El Salvador o Colombia, forzando a una nueva generación de trabajadores a dejar su hogar y atravesar las puertas de las fábricas de muebles, las lavanderías, oficinas, plantas empacadoras, en los sitios de construcción o tan sólo en los jardines y los asilos de los ricos.

Las familias en México, Guatemala, El Salvador o Filipinas también merecen una vida decente. Tienen el derecho a sobrevivir, el derecho a no migrar. Para hacer de este derecho una realidad, necesitan trabajos y campos productivos, buenas escuelas y un sistema de seguridad social. Nuestro gobierno debe parar de negociar acuerdos comerciales como el NAFTA y el CAFTA, y en cambio prohibir el uso del comercio y la política económica que causa la pobreza y el desplazamieto de la gente.

Aquellas personas que eligen venir a E.U. a trabajar, merecen las mismas cosas que cualquier otro trabajador. Todos tenemos los mismos derechos, y las mismas necesidades –empleos, escuelas, asistencia médica, un lugar decente donde vivir, y el derecho a caminar por las calles o conducir nuestro autos sin miedo.

Los grandes cambios en la política migratoria no son posibles sino peleamos al mismo tiempo por otras necesidades básicas: empleos, educación, vivienda, asistencia médica, justicia. Pero estas cosas son las que todos necesitan, no solo los inmigrantes. Y si peleamos juntos, podemos detener las redadas, y al mismo tiempo crear una sociedad más justa para todos, inmigrantes y no inmigrantes.


¿Es esto posible?

En 1995, en lo más álgido de la guerra fría, los braceros y los trabajadores del campo no pensaron que el cambio pudiera ocurrir. Los dueños de las plantaciones tenían todo el poder, y los trabajadores del campo nada. Diez años después tenemos una nueva ley de inmigración que protege a las familias y el programa bracero ha desaparecido. Un nuevo sindicato de trabajadores del campo estaba en huelga en Delano.

Podemos tener un sistema migratorio que respete los derechos humanos. Podemos detener las deportaciones. Podemos ganar la seguridad para todas las familias trabajadoras en ambos lados de nuestras fronteras.

 Yes, it's possible.  ¿Sí se puede!

Traducción: Rodolfo A. Hernández Corchado

 

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