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Arizona y el sistema de odio (Primera Parte)

por Rodolfo Hernández Corchado Última modificación 17/05/2010 00:25

El sistema de odio en Arizona, no es parte de la prehistoria económica y social de aquel estado, es parte de una historia reciente en donde se recuerda a los trabajadores migrantes indocumentados y a un segmento de la población de origen mexicano y “latina” su posición como minoría dominada.

Arizona y el sistema de odio (Primera Parte)

Rodolfo Hernández

Por Rodolfo Hernández Corchado


Una larga historia de odio

El sistema de odio estadunidense ha sido fundamental en la formación y expansión territorial de Estados Unidos, provocando el exterminio de más de 250, 000 indios, la trata de más de 10 millones de esclavos provenientes de África y el acoso de 100, 000 mexicanos durante la guerra imperial de 1847.

Durante el siglo XIX, Estados Unidos -planteó Gastón García Cantú en su libro sobre las invasiones norteamericanas en México- consideraba a México como “una inmunda mancha” que tendría que ser limpiada para realizar el destino manifiesto. Los pobladores de los territorios arrebatados a México, incluido el actual territorio del estado de Arizona, enfrentaron una guerra de ocupación, una guerra de limpieza étnica en el estado en donde miles de trabajadores mexicanos en las minas y ferrocarriles de Arizona tuvieron que resistir en la segunda mitad del siglo XIX la violencia, el robo y el linchamiento organizado por el estado contra una población necesaria para la expansión económica de Arizona. El historiador chicano, Rodolfo Acuña, sostuvo que en aquel estado, como hoy, “los mexicanos eran culpados por cada crimen que se cometía.”

Para consumar la explotación, dominación y opresión de los mexicanos convertidos en minorías discriminadas en Arizona, fue necesario no sólo la brutalidad de las relaciones capitalistas en contra de los trabajadores mexicanos, sino la utilización de la violencia organizada por el estado que al final del siglo XIX consintió y promovió la formación de bandas de vaqueros dedicados a asesinar mexicanos indiscriminadamente. La violencia y el despojo contra los mexicanos, fueron padres fundadores en Arizona, padres no reconocidos en el árbol genealógico de la historia estadunidense.

El estado promovió un doble estándar moral, no sólo con respecto a los mexicanos, que racionalizaba y naturalizaba la violencia, al grado de presentarla como deseable y necesaria. En 1897 Roosevelt afirmó que el cowboy más depravado poseía mejores cualidades morales que el indio medio. El doble rasero moral racionalizó también la existencia de desigualdades laborales en las minas del estado para mexicanos y anglos. El tratamiento preferencial de los anglos produjo en el estado una clase trabajadora étnicamente segmentada que permitió reducir los salarios y socavar la capacidad política de los trabajadores. Al final del siglo XIX el ferrocarril había penetrado el estado y permitido la expansión de la minería y la ganadería. Con él, había penetrado el sistema de odio como organizador de la vida social en el estado. Como corolario, los indios fueron segregados en reservas y los mexicanos conformaron la fuerza de trabajo barata de la expansión económica de Arizona. Las tensiones y antagonismos étnicos producidas por la élite anglo en el estado permanecen hasta hoy y el gobierno de la reservación indígena Tohono O’odham había negado hasta hace unos años a la organización humanitaria “Humane Borders”, colocar estaciones de agua para los migrantes. Esto en un territorio en donde hasta el 2005 ocurrían 40% de las muertes de migrantes.

Sin embargo, el sistema de odio en Arizona, no es parte de la prehistoria económica y social de aquel estado, es parte de una historia reciente, de todos los días y en donde se recuerda a los trabajadores migrantes indocumentados y a un segmento de la población de origen mexicano y “latina” su posición como minoría dominada. Cuando esto se olvida, el estado viene de vez en vez a recordar e imponer el lugar de cada quien en el estado.  La ley SB1070, firmada la semana pasada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, es parte de la larga historia del sistema de odio en el estado.

Dicha ley, convierte en delito la presencia de inmigrantes indocumentados en el estado y permite a la policía estatal realizar tareas migratorias al permitirles investigar el estatuto migratorio de cualquier persona “sospechosa” de ser “ilegal”. Sin embargo, no sólo criminaliza a los inmigrantes indocumentados, sino a los residentes y ciudadanos estadunidenses de origen mexicano y latinoamericano quienes podrán ser objeto de revisiones por ser considerados “sospechosos” de ser indocumentados. Cuando la represión policíaca venga, con estereotipos raciales de por medio, no habrá ni teorías de la asimilación cultural, ni “melting pot” que  la detenga.

La ley SB1070, criminaliza a 500, 000 migrantes sin documentos residentes en Arizona, el sexto estado con más población indocumentada en E.U. después de California, Texas, Florida, Nueva York y New Jersey. La población indocumentada representa un 7.9% de la población total  (6, 455, 000) de Arizona. Por origen nacional, los mexicanos son uno de los grupos mayoritarios en ese estado. De acuerdo con uno de los últimos reportes del Pew Hispanic Center, la población de origen mexicano en Arizona asciende a 1, 784, 000. Esta cifra incluye tanto a los nacidos fuera de Estados Unidos, como aquellos descendientes de mexicanos.

Como ha planteado David Bacon en esta misma revista, (ver por ejemplo: “¿Debemos defender a los trabajadores indocumentados?”) las leyes migratorias –federales y estatales- no tienen como objetivo detener la llamada migración ilegal, sino recrudecer las condiciones de trabajo y explotación de los trabajadores al criminalizar el trabajo indocumentado. ¿Se propone acaso la gobernadora Brewer deportar a los 300, 000 trabajadores indocumentados que representan el 9.8% de la fuerza laboral del estado de Arizona? Sí es así ¿quiénes ocuparan ese segmento del mercado laboral del estado, hasta ahora ocupado por los migrantes? La SB1070 busca diferenciar a los trabajadores entre “ilegales” y “legales” para facilitar la sobre explotación en los lugares de trabajo y producir una fuerza de trabajo disciplinada, atemorizada, y desorganizada ante el miedo de ser deportada por no contar con papeles. La ley busca quebrantar todo brote de resistencia en los lugares de trabajo y regular la oferta y la demanda de trabajadores indocumentados complementando los mecanismos de control militar en la frontera. Busca penetrar y dividir a las mismas comunidades de origen mexicano y “latino” con diferentes estatus migratorios, romper el tejido social, las redes sociales que permiten la organización de los migrantes y su supervivencia y funcionará para disuadir a los migrantes indocumentados a utilizar los servicios públicos: hospitales, escuelas, bibliotecas, parques, espacios recreativos, limitando así la responsabilidad social del estado frente a los trabajadores migrantes.

La ley SB1070 es también una respuesta ultraconservadora al cambio demográfico en Estados Unidos. El sector más conservador de la sociedad estadunidense, asocia la idea de nación con la homogeneidad cultural y ve la “llegada” de migrantes mexicanos y latinoamericanos como un peligro a dicha homogeneidad cultural en la que fundan su idea de país. Aquí habría que hacer un paréntesis para aclarar que una de las tesis (falsas) de los grupos conservadores o nativistas es que la “llegada” de migrantes mexicanos indocumentados, es un fenómeno reciente,  cuando la historia de los mexicanos como pueblo en E.U se remonta al siglo XIX. En todo caso habría que decir que la idea de nación dominante que defienden los sectores más ultraconservadores del país del norte se basa en la exclusión y la negación política, económica y cultural de los mexicanos y sus descendientes y en mantener a estos como una minoría políticamente subordinada con leyes como la SB1070 y excluida de la idea dominante de nación.

Como ejemplo del cambio demográfico en Arizona, se encuentran dos de los condados con mayor población “hispana” o de mayor crecimiento. En 2007 el condado de Maricopa era el quinto condado con más población de origen hispano, con 1, 182, 626. Por otro lado, el condado de Pima, es uno de los que registran un crecimiento más rápido de población hispana con un total de 316, 229 y ubicándose en el lugar 26 de todos los condados del país. No es casual que el sistema de odio, a través del aparato legal del estado, reavive sus ataques contra los migrantes indocumentados y contra los mexicanos, sobre todo en condados como el de Maricopa.

En la promulgación de la ley SB1070 se integran factores cuya temporalidad e implicaciones aún es difícil de definir. Por un lado se encuentra una tendencia larga de racismo y discriminación contra la población de origen mexicano en aquel estado; una tendencia relativamente reciente de cambio demográfico en el estado y en el país; el efecto de la crisis económica en la clase media blanca y  el surgimiento de formas de participación política como el Tea Party Movement fundamentadas en el conservadurismo, la xenofobia y el racismo; la elección de un presidente afro-estadunidense, que aunque conservador ha irritado a los sectores más racistas de la sociedad estadunidense; y finalmente la falta de una reforma migratoria, promesa  de campaña incumplida –como muchas otras- de Obama. Estos son factores que le dan forma a un sistema de odio en donde ser trabajador migrante indocumentado o ciudadano de origen mexicano o “latino”, es sinónimo de criminal.

 

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